La Audiencia Nacional admite una denuncia contra Alvise por financiación ilegal de su partido

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la denuncia presentada por el empresario investigado Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Alvise Pérez por un delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido supuestamente 100.000 euros para su partido Se acabó la Fiesta. Así, el magistrado ha ofrecido al líder de SALF declarar voluntariamente el 20 de noviembre.

Para investigar estos hechos, el juez en su auto acuerda abrir una pieza separada independiente de la principal, en la que se investiga la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest.

En esa causa principal, el magistrado apunta en su resolución que la actuación de Pérez –en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club– pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

Además, el instructor incorpora la denuncia de Álvaro Romillo en la que relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado «podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal».

Tras diversos contactos, según la denuncia, el 27 de mayo pasado Romillo le comunicó a Pérez que podía pasarse por el Sentinel para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que este último respondió: «100 %. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío». Cuando Romillo, prosigue el relato, recibió la confirmación de un empleado de que efectivamente dicha cantidad había sido entregada le escribió a Alvise para volvérselo a confirmar, respondiendo este último que «todo ok» y que 100.000 gracias.

Tras analizar la denuncia, el juez señala que los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos y acuerda abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Indica, además, que los documentos que acompañan la denuncia la dotan de verosimilitud, de forma que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación.

El delito

Calama analiza en su escrito el delito de financiación ilegal de partidos políticos y explica que se trata de un delito de mera actividad, por lo que no requiere que se produzca el resultado, y tampoco cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se dé el resultado.

«En orden a la consumación la mera entrega, o la recepción, consumaría el delito, de forma que, conociendo que la aportación va destinada al partido, y que además infringe alguna de las prohibiciones de los artículos 5.Uno y 7.Dos de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, se estaría cometiendo el delito. No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino sólo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión», concluye.