Ester Muñoz: «Curioso que las víctimas de Errejón no se sintiesen cómodas para denunciar con Irene Montero en Igualdad»

A la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz (León, 13 de junio de 1985), se la puede considerar una rara avis en la política española, ya que –a diferencia de muchos de sus colegas– tiende a contestar a lo que se le pregunta, y además con rotundidad.

En su entrevista con El Debate desde el Congreso, la también diputada ha relatado las numerosas lacras de los modelos lingüísticos impuestos por los nacionalistas y amparados por el PSOE y ha condenado de forma contundente los casos de corrupción que asolan al entorno de Sánchez.

– ¿Qué supone para Sánchez que el juez del caso Koldo haya pedido imputar a Ábalos por su papel principal en la trama?

– Debería suponer su dimisión. Eso es lo que debiera ser. Recuerdo unas palabras de Óscar Puente cuando imputaron a Koldo diciendo que Ábalos debía dejar sus cargos porque tenía que asumir esa responsabilidad por culpa in vigilando. Luego, entiendo que si Ábalos tenía que dejar todos sus cargos porque habían imputado a su mano derecha –que era Koldo– el presidente del Gobierno debería dimitir si imputan a su mano derecha en el Gobierno y en el partido, que era el señor Ábalos.

El cerco se va estrechando. Ha salido un auto en el que ya viene reflejado el nombre de Pedro Sánchez como, efectivamente, el 'número uno'. En la Moncloa están preparando ya el relato para una posible imputación. No es casualidad algunas insidias que estamos empezando a ver por parte de algún ministro.

–El TSJM ha inadmitido las querellas de Sánchez y Begoña Gómez contra el juez Peinado. ¿Cómo valora esta estrategia judicial de Sánchez en el caso contra su mujer?

–Es el primer presidente del Gobierno que usa a la Abogacía General del Estado para querellarse contra un juez por un caso de un ciudadano particular. Esto no ha pasado en la historia; entre otras cosas porque ningún presidente, por ejemplo del Gobierno del Partido Popular, ha tenido una mujer que se dedicase a hacer negocios en la Moncloa. Es inaudito, insólito por muchas cuestiones. Pedro Sánchez intentó, al principio, decir que todo eran bulos y patrañas, y ahora ven que los casos avanzan –que cada vez hay más tribunales y más jueces distintos que dicen que hay indicios racionales para continuar la investigación– y están directamente atacando a los jueces, llamándoles prevaricadores.

El presidente del Gobierno está cercado y solo tiene el ataque para poder defenderse. Porque claro, cuanto más avanzan las investigaciones y más información tenemos, menos capacidad de respuesta tiene.

– El Fiscal General del Estado ha sido imputado por un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta Ayuso, y el Gobierno sostiene que lo único que ha hecho es decir la verdad sobre un delincuente confeso. ¿Qué le parecen estas declaraciones?

–Pues un error, y desde el punto de vista jurídico, una barbaridad. Esta semana he interpelado al ministro Bolaños y se lo he dicho. Puedo entender –y no lo entiendo– pero puedo entender que alguien que no sabe nada de Derecho pueda comprar ese tipo de argumentos, e incluso difundirlos. Ahí está el ejemplo de Pilar Alegría, que no sabe nada de Derecho o de Patxi López, que tampoco tiene ni idea.

Pero claro, si tú para desmontar un bulo cometes un delito, estás cometiendo un delito. El fin no justifica los medios, que es lo que no acaba de entender este Gobierno. Por eso estamos en un Estado de derecho, porque el fin no justifica los medios. Que a estas alturas en el siglo XXI tengas que discutir a un ministro de Justicia conceptos básicos que se discutieron en los siglos XVII, XVIII y XIX es sorprendente y preocupante.

–¿Qué opinión le merece la ley Txapote, la manera en la que se introdujo en el ordenamiento jurídico, y que el Congreso haya rechazado el veto del Senado?

–Empieza a ser habitual este tipo de triquiñuelas por parte del Gobierno. Es evidente que esto se enmarca en un pacto con Bildu en el que se intercambian sus votos por los presupuestos y por los presos etarras. Y forma parte de esa miseria moral en la que ha entrado el sanchismo, en la que todo vale con tal de mantenerse en el poder.

El Congreso se salta el veto del Senado. Claro, es que ellos entienden que institución que no controlan es una institución que no es válida. Lo estamos viendo también RTVE. No creen en el diálogo, en el talante, en el respeto institucional; ni en las reglas de juego que todos tenemos que respetar. Cuando las reglas del juego no les sirven, revientan la tabla. Eso es lo que hace el Partido Socialista, y es algo muy poco democrático.

–Feijóo calificó como «un error» que un presidente autonómico no se reúna con el presidente del Gobierno si le llama. ¿Se equivoca la señora Ayuso al no acudir a la citación Sánchez?

–Feijóo hizo estas declaraciones en septiembre, antes de que Pedro Sánchez hiciese unos ataques personales como los que ha realizado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez dio una rueda de prensa en Marruecos –en un país extracomunitario– en el que una buena parte de su tiempo se lo pasó criticando a un ciudadano particular. Esto es insólito. Los ataques verbales que ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid durante, el pasado este fin de semana, del presidente del Gobierno y de los ministros; jamás se había atacado de esta manera desde el Gobierno de España a un presidente autonómico.

Sánchez ataca personalmente a Ayuso, y de una manera grosera e irresponsable

Por tanto, entiendo que Isabel Díaz Ayuso no haya ido a ver al presidente del Gobierno, un presidente que se salta todas las líneas institucionales y que la ataca personalmente de una manera totalmente grosera e irresponsable.

–¿Qué le parecen la dimisión y las denuncias contra Íñigo Errejón por acoso sexual?

–Todo lo que estamos conociendo es una demostración más de la estafa que es la izquierda de nuestro país. Al final, venían a acabar con la corrupción y venían a acabar con el machismo, y estamos viendo lo que está sucediendo en el Gobierno de Sánchez, los casos de corrupción, de machismo en algunos de sus ministros, o el caso de ahora de Errejón.

Lo grave de toda esta situación es, primero, las actuaciones que presuntamente ha hecho el señor Errejón y que también dicen que él ha confirmado. Tenemos que animar a las víctimas a que lo denuncien. Me resulta curioso que no se sintieran cómodas para denunciar con ministras de Igualdad como Montero, o con un Gobierno tan feminista y progresista, lo cual quiere decir que las ministras no son tan feministas como dicen; no generan confianza para que la gente que sufre este tipo de ataques machistas lo denuncien en el seno de un Gobierno tan feminista.

No es la primera vez que Yolanda Díaz tapa actitudes similares, y por tanto creo que hay mucha gente que tiene que dar explicaciones y tiene que asumir responsabilidades. Desde luego, todo ese tipo de cuestiones en un gobierno de derechas ya hubieran supuesto probablemente la caída del gobierno.

–A principios de julio el PP anunció su ambiciosa propuesta de EBAU común. Sin embargo, al comparar las pruebas de diferentes comunidades, parece que la selectividad no va a ser tan homogénea. ¿Qué ha ocurrido con esta cuestión?

–Nosotros hicimos un modelo común en el que establecíamos fechas comunes, criterios de corrección, criterios de evaluación, matrices y estructura de examen. Las 12 comunidades del Partido Popular se reunieron e hicieron ese modelo, que había que negociar con cada una de las comunidades autónomas y las universidades de cada región. Es decir, ese modelo no lo podía implantar obligatoriamente el PP ni lo podía imponer. Teníamos que negociarlo. Nuestros consejeros han llevado ese acuerdo, pero nos lo tenían también que ratificar las universidades. Muchas de las comisiones siguen negociando.

–La LOMLOE ha sido duramente criticada por varios sectores. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales lacras de esta ley?

–Esta ley en sí misma es mala, pero el origen de todos los males de la educación española es una ley socialista que fue la LOGSE. Es un modelo de entender la educación, en el que en lugar de ayudar al alumno que no llega a que llegue, rebajan el nivel para que todos estén en el mismo nivel. Eso es un concepto educativo de la izquierda, que creo que es un error. Nos están haciendo ir por detrás de la Unión Europea.

El segundo punto y pilar fundamental es formar al profesorado, que el profesor sepa enseñar bien. Y tercero, que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Claro, eso está haciendo que comunidades como Castilla León o como Galicia o como Madrid tengan excelentes modelos educativos, a pesar de que la estructura es la de la del Gobierno socialista.

–El último informe PISA es demoledor para los españoles, especialmente para comunidades como Cataluña y el País Vasco.

–Cuando ves la educación como una herramienta para ideologizar a la gente, no estás viendo la educación como un modelo de ascenso social para que la gente pueda llegar a donde quiera. Ese es el problema. Estamos viendo comunidades independentistas en las que la educación ha sido un arma para crear y construir más independentistas en lugar de una herramienta para que la gente pueda alcanzar un futuro próspero. Y ahora estamos viendo las consecuencias.

Nadie ha propuesto ninguna semana laboral de cuatro días

Las consecuencias son que en comunidades donde, por ejemplo, se han impuesto los modelos lingüísticos, como en Cataluña o en País Vasco, la comprensión lectora falla. Es tan profundamente injusto que los alumnos catalanes y vascos no vayan a tener las mismas capacidades y las mismas oportunidades por culpa de que unos políticos antepongan sus intereses partidistas a sus intereses educativos... Están más preocupados en ideologizar y en que salgan de izquierdas o independentistas.

–A El Debate llegan numerosas quejas desde asociaciones como Hablamos Español o Escuela de Todos, porque afirman que esta misma situación de imposición lingüística ocurre también en Baleares, en Galicia y en la Comunidad Valenciana. ¿Desde su partido ven esto como un problema a resolver?

–Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Los resultados son muy objetivos. En Galicia no hay ningún problema de comprensión lectora para los niños, con lo cual el idioma no está suponiendo ningún problema. En cuanto a Valencia y Baleares, es verdad que tienen modelos lingüísticos que han sido gestionados por independentistas o por el PSOE, y no es fácil quitar estos modelos de un día para otro. Hay que garantizar los derechos de todas las familias y lo que sé es que desde Baleares se está trabajando en ello. Y en Valencia también. Por lo tanto, entiendo que puede haber quejas, puesto que a lo mejor no se está haciendo con la celeridad que mucha gente esperaba. Pero eliminar un sistema de esas características y de esa naturaleza no se hace tampoco de un día para otro.

–El pasado 24 de septiembre, el PP tumbó el conocido como 'pin parental' propuesto por Vox, que defendía un control por parte de los padres de los contenidos ideológicos en los colegios. ¿Por qué el PP tomó esta decisión?

–Las familias lo que fundamentalmente quieren es que sus hijos estén educados por profesionales y con contenidos oficiales, y eso es algo que garantiza el Partido Popular. Lo importante es que la formación que reciban sea de calidad, para garantizar que los alumnos puedan alcanzar el futuro que quiera. Y más allá de medidas concretas, los padres lo que piden es tener una educación de calidad, y creo que el Partido Popular garantiza precisamente eso.

–El PP ha presentado recientemente una de sus propuestas más ambiciosas, la ley de conciliación. Sin embargo, la supuesta medida que avala la semana laboral de cuatro días ha generado bastante polémica...

–Es que nadie ha propuesto ninguna semana laboral de cuatro días. Aquí se han retorcido cuestiones que se han dicho, pero si tú vas al plan de conciliación, a la ley de conciliación, ahí no viene absolutamente nada de esto. Viene de una entrevista que le hicieron al presidente (Alberto Núñez Feijóo). Pero hay que tener en cuenta una cosa: la productividad de un país. España es uno de los países que menos productividad tiene. Por lo tanto, cualquier reforma se tiene que hacer primero vigilando la productividad y segundo, en consenso con todos los agentes sociales. Nosotros no estamos de acuerdo en cambiar las reglas de juego sin el acuerdo de los agentes sociales.