El Supremo cerca al fiscal general imputado por revelación de secretos y podría suspender o anular su nombramiento

Álvaro García Ortiz pasará a la historia como el primer fiscal general del Estado imputado por el Supremo, por un delito de revelación de secretos a los que, presuntamente, accedió gracias a su cargo. Un hecho inédito y sin precedentes en democracia que llegaba como colofón a las no escasas polémicas que han rodeado sus dos mandatos. En especial, aunque no de manera exclusiva, por su cuestionada política de nombramientos para los cargos más relevantes de la Carrera fiscal.

García Ortiz está, desde entonces, en el ojo del huracán que, esta misma semana, se desataba al conocerse que el magistrado instructor designado para su caso, el juez Ángel Hurtado, ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrar y registrar su despacho en la sede del Ministerio Público. Una imagen que, durante doce horas, dinamitó el prestigio de una maltrecha institución que, bajo su mandato y a ojos de la opinión pública ha perdido cualquier ápice de credibilidad, apariencia de imparcialidad, independencia y neutralidad.

Así las cosas, el fiscal general del Estado que aseguró que continuaría en su cargo a pesar de su delicada situación procesal. Un escenario «absurdo» que a juicio de los fiscales, quienes instan su dimisión, «ha hecho estallar las costuras» institucionales y hace imposible «la más mínima apariencia de imparcialidad» en el ejercicio de la defensa de la legalidad que les corresponde.

«Si Don Álvaro García Ortiz continuara siendo Fiscal General del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes», alertaban esta misma semana desde la Asociación Profesional e Independiente (APIF) al juez Hurtado. «El Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones», han recordado.

Mantenerle en su cargo «provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de 'promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad'», prevista en el artículo 124 de la Constitución, «actuaría al servicio del propio investigado/acusado». Y, para evitar que se «dinamiten los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal» los asesores jurídicos de la APIF consideran «particularmente necesario que se suspenda de forma provisional» a García Ortiz en las funciones y ejercicio de su cargo. Lo que, en opinión de varios expertos a los que ha consultado El Debate «no es una petición descabellada».

Además, la misma APIF se prepara para presentar conclusiones finales, antes del próximo día 11 de noviembre, en la causa que inició ante la Sala Tercera del Supremo para anular el segundo nombramiento del fiscal general reelegido por el Gobierno cuando ya había incurrido en «desviación de poder» en el ejercicio de su cargo.

Condenado por «desviación de poder»

Cabe recordar que el primero de los escándalos llegaba con el doble nombramiento de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal Togada de lo Militar y, más tarde, ya situada en la máxima categoría del escalafón por García Ortiz, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Ambas elecciones, anuladas por el Supremo, en uno de los casos al detectarse que García Ortiz había incurrido en una flagrante «desviación de poder».

Poco tiempo después, llegaría la polémica entorno a la amnistía. No sólo García Ortiz se negó hasta en tres ocasiones a informar al Senado sobre la norma, sino que, además, para ello ocultó al Consejo Fiscal (CF), con mayoría de vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF), la petición cursada por el órgano parlamentario vía carta. Los consejeros se desmarcaron de la negativa de su superior jerárquico al entender que el texto, entonces en trámite, era «manifiestamente inconstitucional».

Tampoco el máximo responsable del Ministerio Público reaccionó cuando un grupo de fiscales del Supremo le afearon su inacción ante la solicitud de «amparo institucional» de sus cuatro compañeros al frente de la causa del procés frente a los ataques recibidos tras el pacto alcanzado por el PSOE y sus socios separatistas, para la segunda investidura de Pedro Sánchez, en el que se reconocía el lawfare o guerra judicial.