El Colegio de la Abogacía pide al Supremo que no unifique las cinco acusaciones populares contra García Ortiz

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado, este lunes, un escrito para pedir al instructor de la causa abierta en el Supremo contra el fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos, que no unifique las cinco acusaciones personadas en una única, como propone el magistrado Ángel Hurtado. «La posición del Colegio representa los intereses generales de la profesión y a los derechos de defensa derivados, que han de cristalizar en un proceso justo» en el que debe preservarse la «autonomía» de la entidad, asegura el documento con las alegaciones registradas por el ICAM, al que ha tenido acceso El Debate.

Por ello, y teniendo en cuenta que la Abogacía madrileña fue, además, «la primera acusación popular en personarse», «inmediatamente después» de que lo hiciera el novio de Isabel Díaz Ayuso, supuestamente perjudicado por la supuesta difusión de sus datos confidenciales, ha de mantenerse su «singularidad (...) en este proceso penal, en la defensa de los intereses del derecho de defensa», reza el escrito.

«No se olvide que lo que está en juego en este proceso no solamente afecta al acusador particular sino a la Abogacía en su conjunto, pues los correos electrónicos filtrados a la prensa y la información difundida por el FGE en su nota de prensa y que configuran los presuntos delitos indiciariamente cristalizados, afectan a la esencia misma de la tarea de los profesionales de la Abogacía consistente en defender siempre los derechos e intereses del cliente, especialmente cuando lo que se persigue es alcanzar una sentencia penal de condena a través de la conformidad de la defensa con la acusación», apuntan desde el ICAM al juez Hurtado.

«El secreto profesional y los principios de reserva y sigilo también se proyectan» sobre los abogados inmersos en la negociación de un acuerdo con el «Ministerio Fiscal» pese a que se trata de una «relación asimétrica», apuntan los miembros de la Abogacía madrileña.

Desde el ICAM alertan de que cualquier «quiebra» de lo anterior «tiene indudables resonancias en el juicio justo» y, de ahí que valorasen la necesidad de defender, como agrupación, «la salvaguarda absoluta del secreto de las actuaciones preprocesales -o diligencias de investigación del Ministerio Fiscal-, pues de lo contrario se dinamita la esencia misma de la conformidad» en el procedimiento penal. Motivo por el cual insisten al magistrado instructor de la Sala Segunda del Supremo que les permita continuar ejerciendo su papel de acusación, de manera individual.

Cabe recordar que, además del empresario Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña) y del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), están personados en la causa abierta por revelación de secretos, contra García Ortiz: el sindicato Manos Limpias, la entidad Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Esta última, además, instó al juez Hurtado la suspensión cautelar del fiscal general de las funciones propias de su cargo, al menos, hasta que el Tribunal Supremo haya tomado una decisión firme sobre el delito por el que se le investiga.