Sánchez oculta desde hace 11 meses la información económica sobre Begoña Gómez que reclama Europa

Begoña Gómez está formalmente imputada por cuatro delitos y se sentará delante del juez Peinado el próximo 18 de noviembre para declarar por los dos últimos: intrusismo laboral y apropiación indebida de un software financiado por la Universidad Complutense y varias multinacionales para su cátedra que ella, presuntamente, intentó utilizar desde una empresa privada de su propiedad.

De todo ello se conocen los detalles de cómo se creó la cátedra, quiénes se asociaron a ella o la patrocinaron para, a la vez, recibir adjudicaciones y rescates del Gobierno, y el delicado asunto en el que concentró su actividad, la captación de fondos públicos en la edad de oro del reparto de más de 75.000 millones procedentes de Europa.

Pero no se sabe si Gómez sacó beneficio de todo ello, más allá de los cobros directos por impartir clases de su máster. Y se desconoce porque el Gobierno se ha negado a hacer pública la documentación adicional remitida supuestamente ya para atender el informe de cumplimiento de las recomendaciones que Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, traslada a los socios de la Unión.

Desde el 1 de diciembre del pasado año, cuando el GRECO lo recordó en su 95 reunión celebrada en Estrasburgo, la Moncloa ha seguido escondiendo su respuesta a Europa sobre los múltiples incumplimientos cometidos. E incluso ha mantenido ese silencio cuando, en el propio Senado y a pregunta sobre el retraso formulada en febrero por la senadora Laura Castells (ERC), se comprometió a «autorizar próximamente» su publicación. Hasta hoy.

Ese documento es clave porque, de haberse remitido completo, debería incluir los intereses económicos de la esposa del presidente, lo que aclararía al menos ante la Unión Europea e incluso ante la ciudadanía si voluntariamente lo hiciera público, si Begoña Gómez ha recibido ingresos, por ejemplo, de cualquier tipo de empresa receptora de contratos públicos, rescates o cualquier otro beneficio derivado de su relación con el Gobierno.

Sánchez tuvo que ser advertido ya hace meses del incumplimiento, en general, de las recomendaciones del GRECO y ahora sufre otro inquietante tirón de orejas: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le ha instado formalmente a desvelar qué documentación exacta ha remitido a Europa para cumplir con lo exigido para España en materia de corrupción y de cualquier índole.

Sánchez no cumplió con el GRECO y, tras el tirón de orejas, sigue escondiendo el cumplimiento de sus exigencias y debe enviar a El Debate las pruebas de que ha rectificado

Mientras, Sánchez sigue sin cumplir todas las recomendaciones formuladas por el GRECO en materia de prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en altas funciones ejecutivas del Gobierno central y las fuerzas de seguridad, según el informe anual del grupo publicado el mes de mayo. Unas recomendaciones que incluían, entre otros asuntos, consignar oficialmente toda la información económica referida a la esposa del presidente, Begoña Gómez, tal y como desveló este periódico.

Por ello, El Debate solicitó al Gobierno una «copia de la información adicional presentada al Consejo de Europa (GRECO) relativa a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y las fuerzas y cuerpos de seguridad acreditativa del estado de cumplimiento de las recomendaciones de la quinta ronda de evaluación», con el objetivo de conocer si realmente el Gobierno estaba dispuesto a implementar la medida que invita a ampliar la transparencia en torno a las actividades económicas de la esposa del presidente.

En concreto, el apartado 107 de la evaluación, publicado en 2019 y referente a España, recoge expresamente la necesidad de «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada/detallada sobre activos, intereses, empleo complementario y pasivos; y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo».

En la «adenda» de cumplimiento realizado por el organismo en septiembre de 2021 ya se recoge la negativa del Gobierno a llevar a cabo la iniciativa, lo que da pistas de sus intenciones, pues, a su juicio, la divulgación «de información financiera sobre cónyuges y familiares a su cargo ha sido descartada por el momento por restricciones derivadas de la normativa de protección de datos».

Una excusa que no fue compartida por el GRECO, pues la entidad no obligaría a Sánchez a hacer públicos los datos de su pareja a la vez que los suyos propios, pero sí a depositarlos en la Oficina de Conflictos de Intereses y a difundirlos si lo estima conveniente, algo que redundaría en su supuesto compromiso con la ejemplaridad que le exige incluso a la Corona y despejaría dudas sobre los ingresos de su esposa, por ejemplo.

Además, consideró que, «siguiendo la experiencia de otros miembros de GRECO, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información», para terminar sentenciando que el grupo «no está convencido de que se haya prestado suficiente atención a este asunto, como se recomendó».

Pero una vez que la evaluación ha seguido su curso sí que resulta relevante conocer hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a ampliar la información que ofrece sobre la esposa de Sánchez, a tenor de la sombra de corrupción que planea sobre ella.

El silencio de Bolaños

Sin embargo, el Gobierno, en concreto, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, no está dispuesto a dar su brazo a torcer, pues ha mantenido un absoluto silencio al respecto de los informes remitidos al Consejo de Europa para implementar sus recomendaciones.

De hecho, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido este 28 de octubre la resolución 2024-1209, en la que reprende una vez más a Bolaños por no contestar ni a la solicitud realizada por este periódico, ni tampoco a los requerimientos realizados por el organismo, lo que «dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente» que no es otra que garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la información.

La inclusión de los cónyuges en los sistemas de control de la corrupción atiende al objetivo de evitar que sean testaferros de altos cargos

Por ello, obliga al Ministerio a remitir los informes enviados al GRECO y que permitiría conocer si alguna de las medidas implementadas permite ampliar la información que publica el Gobierno en torno a los negocios de Begoña Gómez y así, dilucidar si ha accedido a ellos en base a sus propios medios o si se ha servido de la influencia de su marido para lograrlos.

Los incumplimientos del Gobierno

El documento señala en el apartado relativo a la quinta ronda de evaluación, en la que se analiza lo relativo a las altas funciones ejecutivas del gobierno central, que “a finales de 2023, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido no cumplían suficientemente con las recomendaciones", aunque no especifica cuáles siguen sin cumplir.

Esto es posible porque el Gobierno aún no ha dado el visto bueno a la publicación del segundo Informe de Cumplimiento, que fue aprobado en la sesión plenaria del GRECO celebrada el pasado 1 de diciembre, por lo que sigue siendo «secreto» casi un año después, a punto de agotarse el plazo máximo concedido por Europa para aplicar todas las recomendaciones.

En aquella sesión plenaria el Consejo de Europa ya adelantó que tanto a España como Malta «no han conseguido un cumplimiento suficiente de la quinta ronda de recomendaciones», e instó a sus respectivos jefes de delegación a «proporcionar un informe sobre los avances en la implementación de las recomendaciones pendientes para el 31 de diciembre de 2024» como fecha límite.

La inclusión de los cónyuges de altos cargos en los registros de intereses obedece al temor de que, en cualquier administración de cualquier país europeo, pudieran ser utilizados como una especie de «testaferros» de intereses económicos beneficiosos para ellos mismos.

Por ello se insiste formalmente en la necesidad de que sean de algún modo conocidos y recepcionados en algún organismo oficial, dejando a la voluntad del afectado su recomendable difusión pública.