Un acuerdo del Consejo de Europa insta a Sánchez a entregar todos los datos económicos de Begoña Gómez

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), un órgano dependiente del Consejo de Europa, instó a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a su esposa, Begoña Gómez, cuya declaración de rentas, patrimonio o bienes, así como el listado de sus pagadores, es un completo secreto.

Así consta en el memorándum elaborado por la institución para el caso español, en el que expresamente se insta a acabar con el oscurantismo que pesa sobre las actividades de Gómez, bajo sospecha por su mediación, a través de una «cátedra» de la Complutense, como asesora o incluso desde una empresa propia, en la captación de fondos públicos y privados relacionados con el Gobierno encabezado su marido.

En concreto, el apartado 107 del informe referido a España recoge expresamente la necesidad de «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada/detallada sobre activos, intereses, empleo complementario y pasivos; y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo».

La reclamación del GRECO, del que además forma parte España como país fundador desde 1999 junto a otros 17 Estados de la Unión, obligaría a Sánchez a entregar en sede oficial toda la información de las actividades económicas de su esposa e incluso a hacerla pública, si bien esto último sería voluntario.

Sin embargo, en el informe de cumplimiento realizado por el organismo en septiembre de 2021 se recoge la negativa del Gobierno a llevar a cabo la iniciativa. En concreto, se plasma que la divulgación «de información financiera sobre cónyuges y familiares a su cargo ha sido descartada por el momento por restricciones derivadas de la normativa de protección de datos».

Pero esta negativa ha supuesto un nuevo tirón de orejas al Gobierno español, ya que el GRECO recordó al Ejecutivo que «el reglamento anterior establecía la declaración voluntaria de rentas y bienes de los cónyuges, y sigue siendo un requisito para los PTEF que trabajan en el Banco de España».

Por ello, consideraron que, «siguiendo la experiencia de otros miembros de GRECO, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información», para terminar sentenciando que el grupo «no está convencido de que se haya prestado suficiente atención a este asunto, como se recomendó».

El Grupo de Estados Contra la Corrupción reclama que cargos como Sánchez consignen los datos económicos de sus cónyuges y le reprocha que no lo haya hecho

El objetivo del GRECO, asumido como propio por España y en ese sentido vinculante, es prevenir que los altos cargos se sirvan de su círculo familiar para favorecer sus propios intereses, utilizando sus competencias y decisiones para beneficiarse a través de un tercero.

Ése sería el caso de Sánchez si las múltiples gestiones, cartas e intermediaciones de Begoña Gómez ante el propio Gobierno o con empresas beneficiarias de decisiones del Ejecutivo le hubieran rendido unos beneficios personales que, en estos momentos, no constan, no existen o en todo caso no son públicos.

Pero si hay constancia de que empresas o ejecutivos de su entorno, algunos de ellos asociados a su «cátedra» de Transformación Social en la Universidad Complutense, han sido adjudicatarios de contratos públicos de distintos Ministerios dependientes de su esposo. Un caso en el que se encuentra al menos Barrabés, cuyo propietario forma parte del claustro de la entidad académica creada ad hoc para la mujer del presidente.

Gómez logró su «oficina» universitaria, tal y como desveló El Debate, sin acreditar méritos, sin que consten actas formales de sus reuniones y actividad al menos durante los dos primeros ejercicios y orientada, desde el primer momento, al sector de la captación de fondos.

También está documentada la relación comercial entre Gómez y Globalia, la compañía beneficiaria al mismo tiempo de un rescate con dinero público de al menos 800 millones de euros rubricado, nuevamente, por el Consejo de Ministros.

Y una más, cuando menos, desvelada por este periódico: la adjudicación desde el Gobierno de una subvención a una plataforma de la que forma parte la propia esposa del líder del PSOE, para desarrollar un proyecto sobre la despoblación, algo sin precedentes conocidos en todas las Presidencias del Gobierno desde la Transición.

La entidad europea consagrada a prevenir la corrupción no obligaría a Sánchez a hacer públicos los datos de su pareja a la vez que los suyos propios, pero sí a depositarlos en la Oficina de Conflictos de Intereses y a difundirlos si lo estima conveniente: no tiene obligación de exhibirlos, pero podría hacerlo perfectamente para acabar con la polémica y dar una muestra de transparencia, si hubiera seguido las recomendaciones de la institución, algo que ha preferido no hacer.

«Es aconsejable que los formatos electrónicos de información financiera también estén disponibles al público para facilitar su comparabilidad y utilidad con el fin de prevenir la corrupción», recalcó el GRECO en referencia explícita a España, colocando la pelota en el tejado de Sánchez, pero el presidente no quiso recogerla.

De aceptar Sánchez esa máxima, todos los ciudadanos podrían conocer y consultar el origen de los ingresos de Gómez, su dimensión, su patrimonio y cualquier activo; despejándose la duda de si ha logrado enriquecerse por sus evidentes vinculaciones con el Gobierno o sus ingresos proceden de una actividad ajena a su marido.

Todas estas reclamaciones figuran en el informe de evaluación de España de la llamada «quinta ronda», elaborado en junio de 2019, casi un año después de que Sánchez llegara por primera vez a la Moncloa, tras una moción de censura a Mariano Rajoy, y de que el Instituto de Empresa fichara a su cónyuge para dirigir del «África Center», del que salió en 2022, cuando su «cátedra» ya funcionaba a pleno rendimiento.

Además, en diciembre de 2023 reiteró sus reclamaciones para España y afeó al Gobierno el incumplimiento o la demora en aplicarlas, según consta en el acta oficial de la institución, reunida entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre en Estrasburgo.

La cátedra, el origen

Begoña Gómez logró convertir la Cátedra Extraordinaria en una espléndida embajada para, cuando menos, mantener contactos y alcanzar acuerdos con empresas y, a la vez, levantar puentes entre ellas y la Administración Pública, sin que sea posible conocer la dimensión exacta de los eventuales pactos alcanzados, la financiación que obtuvieron y los beneficios exactos que pudieron generar para las distintas partes.

De lo que no hay duda es de para qué la ha utilizado, tal y como reconoce uno de los documentos oficiales de la Universidad Complutense en propiedad de este periódico: para organizar encuentros sobre las «Tendencias en la Captación de Fondos para emergencia e investigación», para lanzar un máster de «Formación permanente en dirección de fundraising público-privado para organizaciones sin ánimo de lucro», para enseñar a crear «una red de Pymes como parte de tu estrategia de captación de fondos» o, incluso, para aprender a tener «relaciones estratégicas para la captación de fondos».

Todas esas «actividades» se desarrollaron entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, tal y como consta por escrito en otro documento rubricado por la misma directiva de la Complutense, en tiempos directora del gabinete del Plan Nacional sobre las Drogas, dependiente del Gobierno.

Gómez impartió su máster en la segunda edición y se concentró en una agenda de relaciones orientada al «fundraising»

En esos dos años y en el primero completo tras su nombramiento, 2021, Gómez solo organizó el Máster en la edición inicial, la culminada en 2022: al curso siguiente no se impartió y la directora del mismo se concentró casi en exclusiva en las actividades relacionadas con la captación de fondos ya enumerada.

Es decir, la esposa del presidente fue designada para una «Cátedra» sin documentarse méritos académicos de manera formal; lanzó un máster que no se celebró al curso siguiente de su nombramiento y concentró sus esfuerzos en foros, talleres y reuniones relativos a las conexiones financieras entre el mundo privado y el público. Qué rendimiento le ha producido todo eso a ella, y por tanto a su familia, es una incógnita que Sánchez debería despejar si hubiera aplicado las recomendaciones europeas suscritas por España.