La candidata del Gobierno para sustituir al juez Marchena en el Supremo condena al CGPJ al bloqueo

La salida del juez Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Supremo, tras dos mandatos consecutivos, dejará un hueco que, incluso antes de empezar el debate sobre los candidatos parece complicado de resolver. La candidata del Gobierno para ponerse al frente de la Sala Penal del Alto Tribunal, la magistrada Ana Ferrer, suscita discrepancias en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que está llamado a cubrir la plaza vacante. Precisamente Ferrer se postuló, con el aval del actual ministro de Justicia Félix Bolaños, para encabezar el órgano y resultó rechazada por la mayoría que, finalmente, eligió a Isabel Perelló como perfil de consenso.

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas al Consejo, la propuesta de Ferrer aunque esperada plantea una división previsible, aunque «no segura» del Pleno del CGPJ que necesita, tras el pacto alcanzado en Bruselas por PP y PSOE tras la última renovación, trece votos de los veintiún miembros que lo componen. Una mayoría cualificada que exigirá renuncias en ambos bloques para los puestos clave, como las Presidencias, de los diferentes órganos judiciales pendientes de cubrirse y entre los cuales se encuentran las cabeceras de cuatro de las cinco Salas del TS.

El bloque izquierdista del CGPJ -nombrado por los socialistas- se prepara, una vez más, para «hacer valer» la condición de mujer de Ana Ferrer y situarla como máxima responsable de la Sala Penal del Supremo, en la que están imputados tanto el fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, por su presunta pertenencia a una «organización criminal».

El mismo argumento paritario es el que utilizarán en el caso de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo con Pilar Teso, apuntan las mismas fuentes consultadas por este diario. Otra candidata gubernamental que se encargaría, entre otras cuestiones, de promover la posición más gubernamental en asuntos clave como la nulidad del nombramiento de Álvaro García Ortiz que está sobre la mesa del Tribunal.

El plan de los 'progresistas' es, por lo tanto, que se produzca un reparto aritmético de las Presidencias del Supremo, dos hombres y dos mujeres, en las que sus candidatas –que «no convencen a todos»– ocupen la mita de las plazas disponibles. Un escenario que dejaría las Salas Primera de lo Civil y Cuarta, de lo Social, en manos de los conservadores. Sin embargo, estos siempre han insistido en los criterios de mérito y capacidad como punto de partida para la mejor elección de los perfiles; y, a la idea de que el reparto igualitario de las plazas no sea por categorías sino en conjunto para todas las vacantes, hoy por hoy, desiertas.

Es por ello que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitaba un informe, todavía pendiente de conocerse, a su gabinete jurídico para que se pronuncie sobre la regla de paridad, de acuerdo con el reparto 60-40 que promueve la ley vigente, en los nombramientos que, en los próximos meses, tendrá que asumir el máximo órgano de los jueces para cubrir las vacantes que se han generado, durante los cinco años de bloqueo, anteriores a su reciente renovación.

De esta manera, y según adelantó El Debate, la intención de la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, de quien partía la iniciativa –y que durante el último Pleno celebrado comunicó a los vocales la petición trasladada a los técnicos– es encontrar una fórmula que les permita atender al cumplimiento de la normativa en materia de igualdad pero sin perder de vista que la elección de los candidatos, para cada puesto, debe guiarse siempre por el principio de «mérito y capacidad».

«De lo contrario, en una legislatura que será muy larga se estaría generando una situación draconiana, en la que podrían llegar a vulnerarse las posibilidades reales de los aspirantes», apuntan algunas de las fuentes consultadas por este diario.