El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El Senado insta al Gobierno a dejar de justificar la actuación del imputado García Ortiz
La iniciativa presentada por el PP ha contado con el apoyo de 145 senadores. En ella, los populares vuelven a exigir el cese del fiscal general del Estado
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP para exigir al Gobierno a que no descalifique las decisiones judiciales y deje de defender la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
Se trata de una iniciativa para instar al Gobierno a «no interferir en la independencia del poder judicial mediante descalificaciones públicas de decisiones judiciales y a dejar de realizar manifestaciones que supongan una implícita justificación de la presunta comisión de un delito como el de revelación de secretos». El texto ha contado con 145 votos a favor, 111 en contra y una abstención.
En el documento, los populares aluden a la intervención del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Senado durante el debate de la interpelación urgente sobre las medidas que el Gobierno pensaba tomar tras la imputación de García Ortiz. En ella, Bolaños defendió la actuación del fiscal general, indicando que «cumplió a rajatabla», y señaló que la investigación del Alto Tribunal «quedará en nada».
«Imputado por el Supremo por revelación de secretos, rechazado por la cúpula de la carrera fiscal, por su condena por desviación de poder y su apoyo «descarado» al Gobierno de Pedro Sánchez, considerado «no idóneo» por primera vez en nuestra democracia, por el Consejo General del Poder Judicial, criticado por su actitud ante los ataques y acusaciones de lawfare a sus compañeros jueces y fiscales del procés, por parte de los nacionalistas catalanes, donde no ha hecho nada para defenderlos, Álvaro García Ortiz no puede seguir siendo el Fiscal General del Estado», defiende el PP, que denuncia que este «no ha dejado de atender los dictados del Gobierno» de Sánchez.
El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que, tras negarse a dimitir, de su cargo pese a estar imputado, «debe ser cesado, ya que España no se merece este fiscal general del Estado, que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia».