Una asociación de fiscales pide requisar las imágenes grabadas durante el registro del despacho de García Ortiz

«Que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad integral de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que aporte las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, ubicado en el patio central del edificio» del Ministerio Público, en la madrileña calle de Fortuny, durante todo el día 30 de octubre" fecha en la que se produjo el registro del despacho de Álvaro García Ortiz, imputado en el Supremo por una presunta revelación de secretos.

Así se ha pronunciado el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, en un escrito remitido al instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, tras tener conocimiento de la posibles escena en la que el propio García Ortiz, y su número dos Ángeles Sánchez Conde –ambos presentes durante las diligencias de la UCO de la Guardia Civil– habrían «examinado» un teléfono móvil propiedad del primero que podría ser «prueba crucial» para las pesquisas.

El letrado de la APIF insta al juez Hurtado que acuerde la intervención de dichas imágenes, «toda vez que las mismas sólo se conservan durante un plazo máximo de un mes» y en caso de esperar al levantamiento del secreto de sumario, significaría perder una información de «vital importancia para el cabal desarrollo de la causa».

La cita entidad profesional de la Carrera Fiscal mantiene la tesis de que la «teniente fiscal del Tribunal Supremo y D. Álvaro García Ortiz» habrían podido acceder al contenido de un terminal que aparentemente «pertenece» al investigado "mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba a cabo el registro del despacho del titular del Ministerio Público.

Tal y como consta en el escrito presentado, ambos fiscales «fueron vistos» en dicha actitud supuestamente sospechosa «alrededor de las 19:00 horas en el salón noble de la Fiscalía General del Estado –concretamente, en el espacio situado junto una obra del navegante Juan de la Cosa– revisando un móvil».

«Precisamente por ello, a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro (es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario)», el representante legal de la APIF también solicita la «declaración testifical de quien los observó en dicha tesitura: el fiscal del Tribunal Supremo D. Salvador Viada Bardají» a practicar en su despacho profesional ubicado en la misma sede registrada.