El novio de Ayuso pide apartar a la 'dos' de García Ortiz de la causa penal en la que está imputado su jefe

Dada su «posición como primera persona de confianza del fiscal general del Estado», la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha de confirmar que «carece de relación y participación directa o indirecta en los hechos objeto de investigación» que han llevado a su jefe directo, Álvaro García Ortiz, a estar imputado por un presunto delito de revelación de secretos ante el Supremo.

Así se recoge en un escrito al que ha tenido acceso El Debate y que ha sido presentado, este martes, ante el Alto Tribunal por los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. En dicho documento se solicita al juez instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, que se aparte a la número dos de García Ortiz que, al ser quien le representa, tendrá acceso a toda la información contenida en la investigación declarada secreta, mientras continúa bajo la dependencia jerárquica del titular del Ministerio Público.

En dicho documento se recuerda cómo «el fiscal General del Estado y los miembros del Ministerio Fiscal se abstendrán necesariamente de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Entre ellas, haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

Citada como testigo

El documento indica que Sánchez Conde «puede tener, además –y al menos–, la condición de testigo en relación a los hechos que nos ocupan, por poder con su testimonio y aportaciones incorporar al sumario la información y soportes –físicos o digitales– de los que disponga que acerquen al descubrimiento de la verdad, y sin que exista en el ordenamiento jurídico excepción alguna que le relevara de dicha obligación constitucional».

El escrito recalca que «Sánchez Conde mantiene –todo al mismo tiempo– acceso a las actuaciones judiciales declaradas secretas, dependencia jerárquica con el investigado y el deber de poner en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que, por su importancia o trascendencia, la misma considere o él mismo quiera conocer».

La petición de González Amador al Supremo llega el mismo día que la Fiscalía ha informado en una comunicación interna a la carrera fiscal de que García Ortiz ha extendido al alto tribunal la abstención que ya acordó para este caso cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid.

Esto supone que Sánchez Conde estará exenta de recibir órdenes de García Ortiz y de rendirle cuentas en lo relativo a este caso, garantizando así la independencia de la teniente fiscal en la toma de decisiones en este procedimiento judicial.