La teniente fiscal del Supremo accederá a la causa secreta contra su jefe imputado García Ortiz

El registro del despacho del fiscal general del Estado ha supuesto un antes y un después en la historia de la Fiscalía española. La imagen de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accediendo al interior de la institución y clonando el contenido de todos los dispositivos digitales de Álvaro García Ortiz no sólo ha incendiado a la Carrera, que hace tiempo que exige la dimisión de su máximo responsable sino que ha abierto un debate sobre el papel de su número dos, en la causa que investiga el Supremo y que se ha declarado secreta.

No en vano y pese a que, durante el próximo mes, el magistrado instructor Ángel Hurtado ha tomado todas las medidas para evitar que se filtre el contenido de las pesquisas, lo cierto es que el fiscal asignado al caso, previsiblemente la teniente del Supremo y mano derecha del imputado, Ángeles Sánchez Conde, tendrá acceso a todas las actuaciones, junto con el magistrado y la policía judicial.

Una situación «anómala» con un fiscal general atrincherado en su cargo y que, por lo tanto, seguirá siendo el superior jerárquico de la representante de la Fiscalía en el procedimiento. Es decir, que la responsable de la defensa de la legalidad ante el Alto Tribunal, en este caso, podrá conocer todos los detalles de las averiguaciones que se dirigen a depurar la presunta responsabilidad penal de su jefe imputado por un delito de revelación de secretos.

«La apariencia de imparcialidad está anulada», advierten los fiscales. «Es un hecho sin precedentes» que requiere una «reacción» a la altura de las circunstancias, plateaban desde la Asociación Profesional e Independiente (APIF) del Ministerio Público. Y, por ello, la entidad solicitaba personarse en la causa declarada secreta por el magistrado e instructor Hurtado contra el fiscal general, al que han pedido «suspender» de sus funciones, en un escrito registrado este mismo jueves al que ha tenido acceso El Debate.

«De acuerdo con nuestra legislación, este hecho debe provocar» que tanto a Álvaro García Ortiz, como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en el mismo caso, se les «suspenda provisionalmente» de los respectivos cargos «que ejercen en la actualidad», reza el documento firmado por los letrados Verónica Suárez, Álvaro Bernad, Napoléon Cánovas y, el también ex fiscal, Juan Antonio Frago.

«Resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional (art. 502.1 LECrim) o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse (art. 589 LECrim), pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario investigado. De hecho, alguna previsión específica existe para otros delitos, como en el caso del art. 384 bis LECrim», argumentan los abogados que representan a la APIF.

«Si Don Álvaro García Ortiz continuara siendo Fiscal General del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa» y, además, «podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones», apuntaban desde la APIF.

Una reflexión que ha llevado a poner la lupa, también, sobre el papel de su número dos, Sánchez Conde. Y es que si bien la teniente fiscal Sánchez Conde fue, junto con el fiscal ya jubilado Joaquín Sánchez-Covisa, la responsable del informe que pidió a la Sala Segunda del Alto Tribunal rechazar la admisión de la querella planteada contra su jefe, por el novio de Isabel Díaz Ayuso, tal y como avaló la exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y, por tanto, lo «más habitual sería que ella continúe con la representación» del Ministerio Público en el asunto.

Lo cierto es que muchos en la Carrera se preguntan, al mismo tiempo, el porqué están en todo momento despachando con García Ortiz, pese a que «él ha asegurado que está abstenido» en la mayoría de las cuestiones; o, el motivo de la presencia de Sánchez Conde, junto a su máximo responsable, durante el registro de los guardias civiles a su despacho, el pasado miércoles. «No hay impedimento legal» a dicha escena, confirman fuentes fiscales a El Debate. Pero, sin embargo, «resulta muy poco ética y estética», añaden.