El etarra Andoni Otegi (derecha), en el juicio por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante)
La AVT denuncia el tercer grado al etarra que asesinó a la pequeña Silvia Martínez en el atentado de Santa Pola
Alerta también del «ritmo creciente» de las libertades condicionales que se conceden desde la Audiencia Nacional
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que, una vez más, el Gobierno vasco está concediendo terceros grados a etarras sin que estos hayan cumplido los requisitos mínimos para disfrutar de la semilibertad que supone esta progresión de grado.
Las víctimas del terrorismo se refieren, en concreto, al tercer grado que se le ha concedido al etarra Andoni Otegi, alias 'Peio', condenado entre otros delitos por la colocación del coche bomba contra la casa cuartel de Santa Pola en 2002 y en el que murió la pequeña Silvia Martínez, de tan solo 6 años, y un hombre, Cecilio Gallego, que estaba esperando al autobús. También está condenado por el asesinato del concejal de UPN en Leiza, José Javier Múgica, en 2001.
Según la AVT, este etarra no ha cumplido las tres cuartas partes de la condena que exige la Ley para poder acceder el tercer grado ya que todavía le quedan 6 años y medio para llegar a esa marca.
De igual modo, las víctimas del terrorismo denuncian la misma concesión a la también etarra Alicia Sáez de la Cuesta, aunque en este caso sí ha cumplido las tres cuartas partes.
«Desde la AVT observamos con preocupación el crecimiento exponencial de estas decisiones desde el pasado mes de septiembre, pues el Gobierno Vasco ha concedido ya siete progresiones de grado en apenas dos meses. Algo que nos gustaría subrayar, es que ninguna de estas siete progresiones ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal».
Libertades condicionales
Además, las víctimas del terrorismo ponen la atención también en el número de libertades condicionales que se están otorgando desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Solo en el mes de octubre se han concedido hasta cuatro.
«Las víctimas del terrorismo siempre hemos confiando en el Estado de Derecho para hacer justicia a nuestros seres queridos asesinados, y aunque haya decisiones que nos cueste comprender, si son legales, las aceptamos resignadas. Lo que sí pedimos es que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del derecho penal y vacíen de contenido las condenas fijadas en sentencia», concluye la Asociación de Víctimas del Terrorismo.