Ribera ignora al PP y al PPE y no se compromete a dimitir de la Comisión Europea si es imputada

Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decidió abrir diligencias contra la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar por su gestión de la DANA. Justo el día en que su máxima responsable y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, defendía en el Congreso que las alertas de ambas fueron «adecuadas por múltiples canales a lo largo del día». Y que era el Gobierno de Carlos Mazón el responsable de trasladar esos avisos a la población, a través de Protección Civil. «Si en un determinado momento se resta importancia a esa alerta, la posibilidad de que la población pueda prepararse disminuye», añadió.

Tal vez por si esta u otra causa le acaban salpicando, la también ministra para la Transición Ecológica evitó responder a la pregunta que tampoco contestó la semana pasada ante los eurodiputados del PPE: «Ésta es su última oportunidad para contestar. ¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Ursula von der Leyen y a todo el colegio de comisarios?», quiso saber la diputada del PP Esther Muñoz. Y en su segunda intervención insistió: «Se lo vuelvo a preguntar porque no ha contestado. ¿Piensa usted dimitir si la imputan por la DANA?».

El equipo de Ribera se escuda en que el código de conducta de la Comisión Europea solo obliga a dimitir a un comisario cuando hay una sentencia en firme contra él o ella por un proceso penal.

La catástrofe pilló a Ribera preparando su examen para vicepresidenta de la Comisión Europea. En los días posteriores siguió desaparecida (por «prudencia» se quedó en su despacho «coordinando», según ella), mientras los populares le exigían respuestas. El lunes pasado, el Parlamento Europeo congeló su designación -y la de los otros cinco candidatos a vicepresidentes- hasta que rindiera cuentas en el Congreso. Y este miércoles, más de tres semanas después de la catástrofe, la máxima responsable de la AEMET y de la CHJ lo hizo al fin.

La también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se tomó la comparecencia como un trámite de obligado cumplimiento para que el PPE de Manfred Weber desbloqueara su designación como vicepresidenta de la Comisión Europea. Lo que no esperaban ni Ribera ni el PP es que el PPE anunciara extraoficialmente su visto bueno a la candidata del Gobierno de España en plena sesión parlamentaria. Lo que trasladó el interés de dentro del hemiciclo a fuera, a Bruselas.

A las 14.30 horas, durante la segunda intervención de Ribera, el PPE emitió un comunicado en el que aún no daba por cerrado nada: «Somos conocedores de un principio de acuerdo entre diferentes partidos tanto a izquierda como derecha en el Parlamento Europeo. En ese contexto, analizaremos en las próximas horas el nuevo escenario», se limitaba a señalar, en alusión a las negociaciones de los socialdemócratas con Giorgia Meloni y Viktor Orban.

Y añadía: «El Partido Popular Europeo quiere dejar constancia de que (Ribera) debe dimitir si es imputada por sus responsabilidades derivadas del ejercicio de sus competencias como vicepresidenta del Gobierno de España».

El partido de Alberto Núñez Feijóo insiste en que mantendrá el voto en contra de sus eurodiputados hasta el final. Pero de poco servirá a efectos prácticos si, como parece, el resto de los populares europeos votan a favor de Ribera. Desde el PP destacan que lo que ha cambiado es que Pedro Sánchez se ha saltado su «última barrera ideológica» y ha pactado con «la ultraderecha» para asegurar el sillón de Ribera: a cambio del nombramiento de la española, el PSOE y el resto de los socialdemócratas apoyarán a los candidatos de la italiana Meloni, Raffaele Fitto, y del húngaro Orban, Olivér Várhelyi.

El martes, desde Río de Janeiro, el presidente intentó desentenderse del nombramiento de Fitto y Várhelyi, como si no fueran parte de un todo. La Moncloa tampoco reconoce haber negociado con Meloni; menos aún con Orban. Según Sánchez, con quienes firmaron los socialdemócratas un pacto es con populares y liberales, y por el contrario son los gobiernos de los países los que eligen a sus respectivos candidatos. «Es el Gobierno italiano quien decide quién va. No es que haya una línea roja, sino que tiene otra derivada que no afecta al acuerdo de las tres principales familias. Hay que respetarlo, es lo que dicen los tratados», señaló.

Por ello le preguntó la diputada de Podemos Martina Velarde a Ribera en el Congreso: «Nos gustaría saber si usted, para ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea, está dispuesta a votar a favor de la extrema derecha de Meloni y de recibir sus votos». Tampoco a eso contestó.