La Fiscalía, en entredicho con Aldama: un interrogatorio superficial y una petición de libertad exprés

Anticorrupción se apresuraba en los trámites para la puesta en libertad del considerado cabecilla de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama. El mismo fiscal, Luis Pastor, que ha tardado «más de un año en dar forma a las pesquisas iniciales», que no ha «impulsado desde los registros practicados en marzo los avances sobre el volcado de los dispositivos tecnológicos incautados» –de los que no se sabe nada–, que «instó el escrito inicial que dio origen a las actuaciones» después del 23-J –«para no influir en el resultado de las elecciones»–, «pisaba el acelerador» para pedir la excarcelación de Aldama, señalan a El Debate fuentes próximas a la causa.

El papel del fiscal, y el de su superior Alejandro Luzón, en este caso, ha levantado ampollas. No sólo por su premura en la solicitud de levantamiento de la prisión provisional, confirmada, el pasado viernes por el «elevado riesgo de fuga» del detenido, quien cuenta con dinero fuera de nuestro país, en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia; sino, además, por su «cuando menos cuestionable» papel durante el interrogatorio, a petición voluntaria, del considerado comisionista de la «organización criminal investigada».

Las preguntas de Pastor –al que antes de iniciarse la vista se le vio hablando directamente con Aldama, en la sala habilitada para la ocasión– fueron «superficiales». Ni una sola repregunta sobre algunas de las confesiones más controvertidas que lanzó sobre acerca de los destinatarios de las 'mordidas' o sobre el rescate de Air Europa y las conexiones venezolanas de la trama.

El fiscal se centró, en todo momento, en los detalles de las mascarillas y en los ya imputados por la presunta corrupción en la compraventa de las mismas, pese a que Aldama iba con ganas de tirar de la manta. «La sensación es que la Fiscalía no quería escalar» en las posibles responsabilidades que pudieron darse, «más allá de Koldo y Ábalos», hasta el propio Sánchez, lamentan algunas fuentes judiciales.

Aldama se sentaba a primera hora de este jueves, en la Audiencia Nacional, frente al juez instructor Ismael Serrano para dar información sensible sobre un caso de corrupción que, presuntamente, salpicaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su mujer Begoña Gómez, a varios ministros y otros tantos altos cargos del PSOE. Y no era un acto irreflexivo y 'kamikaze' porque nada más salir de la cárcel, el empresario asegura a Sánchez, como horas antes hiciese al fiscal, que puede aportar documentación, alguna de ella gráfica, que respalde sus declaraciones.

«Si quiere pruebas, las tendrá», declaraba Aldama a los medios de comunicación que le esperaban a su salida de la prisión madrileña de Soto del Real, al final del día. Un trabajo de coordinación impecable entre el fiscal Luis Pastor y el magistrado Santiago Pedraz, al frente de una causa distinta de la de la confesión ampliada, para los tiempos habituales y las dificultades de la Justicia española, que adolece de medios humanos y técnicos, desde hace décadas.

Una «vergüenza» que, para algunas fuentes judiciales consultadas, pone de manifiesto que, como adelantó este diario, el 'pacto' con el Ministerio Público estaba «muy avanzado» antes, incluso, de que Aldama dijese una sola palabra. No en vano, su abogado José Antonio Choclán, ex jefe de estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, es conocido por su gran capacidad negociadora.

Es cierto que el acuerdo no puede formalizarse como tal, en esta fase de la investigación en curso, pero sí podría «apreciarse en el momento de formular acusación» contra Aldama, más adelante, y de momento ha provocado su inmediata salida de la cárcel, donde se encontraba por un motivo distinto del de su declaración, un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos, bajo secreto de sumario.