Montero admite que el caso Koldo «está relacionado» con la causa del fraude de los hidrocarburos

La comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de investigación que se sigue en el Senado por el denominado 'caso Koldo' ha sido atípica. Tras la interrupción propiciada por la compareciente, en la sesión de la mañana, con la excusa de tener que asistir a una votación programada en el Pleno del Congreso –pese a que la Cámara Baja había autorizado el voto telemático–, Montero regresaba, a primera hora de la tarde, incluso, con versiones moduladas en las cuestiones más delicadas de su declaración.

La titular de Hacienda, por ejemplo, variaba su respuesta sobre las presuntas relaciones de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, señalado por Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, como uno de los perceptores de una 'mordida' de 25.000 euros. Si bien, en un primer momento, Montero aseguró poner la mano en el fuego por su círculo más cercano, luego (y con tiempo suficiente para haber visto publicadas las reuniones registradas entre ambos, en la agenda de Koldo, como publicó El Debate en primicia) aludía a cómo: «En los gabinetes, hay relaciones frecuentes».

Algo más explícita fue en el caso de las causas que cercan al Gobierno y a varios de sus Departamentos y cuyo supuesto «nexo corruptor» es, de acuerdo con las investigaciones preliminares, Aldama. Para Montero, el 'caso Koldo' que ha llevado a la imputación, por el momento, del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y la causa secreta que se instruye, también, en la Audiencia Nacional, sobre el fraude en el IVA de los hidrocarburos, «están relacionadas».

Una afirmación sintomática dado que en el 'caso Hidrocarburos' se analiza un fraude del IVA de cerca de 180 millones euros y, precisamente, la semana pasada el Partido Popular denunciaba la existencia de un 'agujero' de 160 millones más no reclamados por el IVA de las mascarillas compradas por el Gobierno, pese a que dicho gravamen no se podían cobrar durante la pandemia y, en ningún caso, cuando el material suministrado procedía del mercado chino.

Todavía más chocante resulta cuando se le recuerda que la exención del impuesto se derivó de un Real Decreto aprobado por el Ejecutivo del que la propia Montero ya era ministra.

En ambos casos, además, está imputado a Aldama y se habla de diferentes administraciones del Gobierno socialista: desde a Hacienda a Industria pasando por Transportes, Interior y, como no, Sanidad, bajo el mando de Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña.

María Jesús Montero también ha negado conocer la trama «criminal», de acuerdo con la calificación inicial del juez instructor Ismael Moreno, hasta febrero de 2024, cuando la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria -que depende de ella- estaba investigando las presuntas irregularidades detectadas y recopilando documentación de diferentes organismos (como ADIF o Puertos del Estado) desde enero de 2022.

Hasta tal punto se ha desmarcado, en general la ministra que, por negar, ha llegado a negar conocer a Javier Sánchez Fuentefría, pese a que es su director general de Presupuestos, que depende de ella y al que, curiosamente, fichó del equipo de Ábalos.