Conde-Pumpido consuma la primera parte del plan para expulsar de la amnistía al magistrado conservador Macías

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado formar pieza separada de recusación del magistrado conservador José María Macías, a petición del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Supremo sobre la Ley de Amnistía.

Cabe recordar que, en el primer intento por apartar al jurista, el último en incorporarse a la Corte de Garantías, resultó frustrado dado que la Abogacía General del Estado se adelantó al solicitarlo, cuando aún no estaba personada en el caso, aunque ha vuelto a pedirlo de nuevo.

Tal y como ha venido adelantando El Debate, el asunto de las recusaciones planteadas contra varios de los miembros del TC, se convertía desde un primer momento, en un cálculo matemático más que en una cuestión de discrepancias jurídicas sobre la polémica norma. En especial desde que, por primera vez, y sin mediar precedentes se fraccionaban los incidentes de recusación para resolverlos de manera escalonada.

Y, consciente de ello, el presidente del órgano Cándido Conde-Pumpido convocó un Pleno a su medida –el pasado 8 de octubre a las 10.00 horas– en el que se resolvía, de manera prioritaria y a su favor, la impugnación contra él del Partido Popular, en el recurso interpuesto contra la polémica norma de borrado penal del procés, por más de 50 diputados del grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo. La resolución mayoritaria contó con dos votos particulares en contra.

A diferencia de en aquella ocasión, en el que no estuvo presente ninguno de los tres magistrados entonces recusados –ni Conde-Pumpido como afectado directo, ni Laura Díez, que trabajó para Pedro Sánchez en Moncloa, ni José María Macías– ni, tampoco, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien presentó su abstención de manera voluntaria; en este caso, todos los magistrados, excepto Macías, podrán participar en la decisión final, tras salvarse con antelación de sus propias tachas.

Curiosamente, el Pleno ha designado como instructora del incidente de recusación del magistrado Macías, precisamente, a la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez. Una resolución de la que se ha dado traslado a las partes personadas (Congreso y Senado) para que en un plazo de tres días manifiesten si se adhieren o se oponen a las razones aportadas por la Fiscalía contra el jurista.

Una vez recibidas las alegaciones de las citadas partes, se le dará traslado al propio interesado para que se pronuncie sobre si acepta o rechaza las causas de recusación. En esta fase, el magistrado también podría proponer prueba si así lo considerase.

Recibidas todas las posiciones, será la magistrada instructora Díez, quien en su momento estuvo cuestionada por su falta de imparcialidad en la causa de la amnistía, la que dictará una resolución en la que decidirá sobre la admisión o no del incidente de recusación de su compañero.

Si fuese admitido, Díez Bueso tendrá que remitir toda la documentación a la ponente del incidente de recusación que es la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas –quien fuera ponente de la sentencia que eliminó las condenas por malversación en la causa de los ERE del PSOE andaluz–, y, por lo tanto, será la encargada de redactar el auto que llevará al Pleno para pronunciarse sobre si debe apartar o no de la amnistía al magistrado José María Macías Castaño.

En el fondo de esta maniobra está, como han alertado en avance varias de las fuentes consultadas por este diario, la necesidad de justificar de cara a Europa una diferencia numérica no tan ajustada como un 6 a 5 en la sentencia final sobre la amnistía, en la que además el voto determinante sería el de Conde-Pumpido. Pero, también, el deseo de «controlar los tiempos de la amnistía».

No en vano, José María Macías, por el momento, es el ponente designado para resolver el primero de los recursos planteados contra la norma de borrado penal del procés y, por lo tanto, quien tiene la posibilidad de impulsar la resolución de la misma con mayor o menor urgencia; y, también, en uno y otro sentido. Los argumentos jurídicos que sostenga Macías sentarían, además, un precedente para el resto de las impugnaciones planteadas. Un escenario que el sector izquierdista mayoritario trata de neutralizar.