Empieza el ajuste de cuentas judicial entre Ábalos, Aldama y Koldo con mucho riesgo para el PSOE

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama: la tríada de la corrupción en el Gobierno socialista. Exministro, exasesor y empresario declaran en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional entre este jueves y el martes de la próxima semana. Seis días en los que el PSOE vivirá de sobresalto en sobresalto, de titular en titular. Más aún.

De ahí que este miércoles, en la tradicional copa de Navidad en la Moncloa, el presidente se pusiera la venda antes de la herida e insistiera en que está siendo acosado judicialmente, como ya denunció el viernes pasado en los corrillos del Día de la Constitución. Pero, en esta ocasión, Pedro Sánchez fue un paso más allá y acusó al PP de jugar con «cartas marcadas» en los tribunales, insinuando así sin ningún tipo de prueba que el partido de Alberto Núñez Feijóo maneja información privilegiada porque existe un contubernio entre jueces y oposición.

Desde el presidente hasta el último ministro –incluidos Yolanda Díaz y el resto de los de Sumar–, el Ejecutivo entero se ha abonado al victimismo y a la teoría de la conspiración en marcha para derrocar al «Gobierno progresista». El ministro Ángel Víctor Torres incluso va dejando caer por ahí que la «fijación» de Víctor de Aldama con él tal vez tenga que ver con la conexión canaria de su abogado, José Antonio Choclán: este último defendió en el pasado a algunos empresarios canarios, e incluso al ahora presidente de las islas, Fernando Clavijo, en el caso Grúas.

«Que haya separación de poderes no significa que los poderes no puedan interactuar. Claro que el Ejecutivo puede criticar a los jueces, igual que los jueces critican al Gobierno», argumentan fuentes del entorno de Sánchez, pasando por alto que ningún Ejecutivo antes que éste había señalado desde la sala de prensa de la Moncloa a un juez con nombre y apellidos, como ha sucedido reiteradamente con Juan Carlos Peinado. No obstante, las mismas fuentes defienden que dentro de dos años los mismos juzgados que ahora «acosan» al Gobierno acabarán determinando que no hay nada.

Para no haber nada, hasta María Jesús Montero reconoció el pasado fin de semana en una entrevista en Eldiario.es que su jefe de Gabinete se reunió cuatro veces con Aldama, que acusa a Carlos Moreno de haber cobrado una comisión de 25.000 euros. Cuando inicialmente lo había negado todo. «Estamos aquí para ayudar a las empresas españolas a competir, crecer y resolver sus problemas», justificó la vicepresidenta primera, que ayer en el Congreso volvió a poner la mano en el fuego por Moreno. El «nexo corruptor», como definió la UCO a Aldama, declaró tener whatsapps comprometedores con el jefe de Gabinete de Montero y con el ministro Torres. Si existen y acaban publicados, la número dos del Ejecutivo quedaría muy expuesta.

En su conversación sin cámaras con la prensa en la Moncloa, Sánchez trató de situar a los jueces y a los populares en la misma operación a sabiendas de que, en la declaración de Ábalos de este jueves, el PP llevará la dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas (PP, Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír, ADADE e Iustitia Europa). Así lo ha decidido el juez para agilizar el interrogatorio.

Se adivina un choque de versiones y de puñaladas entre Ábalos, Aldama y García. Estos dos últimos declararán el lunes y el martes de la próxima semana, respectivamente. En el PSOE dicen no tener miedo a la declaración del exministro y exsecretario de Organización en el Supremo ante el juez Leopoldo Puente, convencidos de que Ábalos no dirá nada que pueda perjudicar al Gobierno ni al PSOE, como adelantó El Debate el sábado. Por el contrario, creen se defenderá y tratará de desmontar la declaración y los documentos entregados por Aldama, así como el informe de la UCO que le asignaba un papel central en la trama. «Tengo ganas de declarar», afirmó Ábalos este miércoles a su salida del Congreso, donde también lamentó haberse fiado de Koldo García.

Mientras, en el Congreso

En paralelo a su declaración, el Gobierno afronta un Pleno importante en el Congreso, uno de esos días en los que tiene que ir contando voto a voto. Se debaten y votan en el Congreso las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox contra la reforma de la Ley de seguridad ciudadana; la convalidación del segundo real decreto ley de ayudas frente a la Dana; y la reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. A priori los socialistas ganarán tres de tres, pero son conscientes de que la atención estará en otro lado: en el Tribunal Supremo hoy; en la Audiencia Nacional el lunes y el martes.

Con todo, en la Moncloa esgrimen un dato para su consuelo. Y no es mal consuelo: «Las encuestas muestran que seguimos manteniendo el porcentaje de voto, cuando lo normal es que un Gobierno sufra medio punto de desgaste cada año, y llevamos seis años».