El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares
Albares, «embajador » de Puigdemont en la UE: ahora pide por carta a Polonia que impulse la oficialidad del catalán
El expresidente catalán reprochó este lunes a Sánchez su «absoluta falta de implicación» en la negociación política para que el catalán sea reconocido lengua oficial de la Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado una carta a su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, para pedirle que durante la presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2025 se siga impulsando la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press.
Con su misiva, remitida esta semana, Albares busca que la solicitud de España de que las tres lenguas cooficiales se incluyan en el reglamento lingüístico de la UE vuelva a la agenda del Consejo, después de que el asunto no se haya tratado durante este segundo semestre bajo presidencia búlgara y se viera por última vez con la anterior presidencia belga.
La petición de Albares se enmarca en los esfuerzos que viene realizando el Gobierno desde septiembre de 2023 para lograr este objetivo, ya que fue uno de los compromisos alcanzados con Junts para su apoyo en la actual legislatura.
Advertencia de Puigdemont
Se produce, además, después de que este lunes el líder del partido independentista catalán, Carles Puigdemont, reprochara la «absoluta falta de implicación» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la negociación política para convencer a los países europeos más reticentes a que el catalán sea reconocido lengua oficial de la UE.
La modificación del reglamento ligüístico, que actualmente incluye 24 lenguas, requiere de unanimidad de los 27 para su adopción y genera dudas entre varios socios por distintas razones, tanto por su coste como por sus consecuencias prácticas (la viabilidad de contar con personal suficiente) y por su impacto legal para otros Estados miembro con lenguas minoritarias que podrían ver en el caso español un precedente que seguir.
Para sumar apoyos, el Gobierno ha ofrecido que España asuma el coste total del uso de las tres lenguas cooficiales y ha venido defendiendo que es en todo caso una «excepcionalidad» española no extrapolable a otros países, ya que el catalán, gallego y euskera están reconocidos por la Constitución, se usan en el Congreso y en el Senado y lo hablan varios millones de personas.