Tribunales
Aldama declara que pagó 'mordidas' por valor de 4 millones a Koldo y Ábalos que compartieron con el PSOE
El empresario ha declarado ante el juez que gratificó a ambos socialistas con comisiones por adjudicación de contratos de obra pública y que parte de las mismas las entregaron al partido
El empresario Víctor De Aldama llegaba este lunes a las 09.34 horas al Supremo para declarar como investigado en el 'caso Koldo' ante el juez Leopoldo Puente, que investiga las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos por parte del Gobierno, especialmente las acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.
Aldama ha revelado hoy al magistrado que pagó cerca de 4 millones de euros tanto al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como a su mano derecha, Koldo García Izaguirre, en concepto de 'mordidas' y que ambos le dijeron, en alguna ocasión, que un porcentaje de las mismas «eran para el partido».
Esto es, de acuerdo con la declaración del empresario zamorano, las gratificaciones se calculaban como un porcentaje del importe total de las adjudicaciones finales a las empresas de la trama y, a su vez, los pagos recibidos por Ábalos y Koldo se entregaban, en parte, al PSOE.
El presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha llegado al Alto Tribunal en un coche negro, con una carpeta negra bajo el brazo, acompañado de su abogado y del dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve, quien le habría escoltado hasta la puerta lateral del edificio sin entrar al interior, al que según ha podido saber El Debate le habría confiado su seguridad personal.
Durante su comparecencia que se ha centrado en «desmontar la declaración del exministro Ábalos», en su estrategia compartida con el partido para que las responsabilidades recaigan únicamente sobre Koldo, un asesor. Y, para ello, ha entregado varios documentos más, entre los cuales se encontraba el acuerdo con Ábalos para darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como «garantía» de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos «preadjudicados» de obra pública.