Aldama entrega al juez el original del contrato de Ábalos y el piso de 1,9 millones para que se haga una pericial de la firma

El empresario Víctor de Aldama ha entregado al magistrado Leopoldo Puente el contrato original del exministro José Luis Ábalos y el piso de 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid. El objetivo de la entrega de esta documentación es que el Tribunal Supremo pueda cotejar que la firma del exministro es real. Ábalos, tras declarar la semana pasada, dijo a la prensa que «todo es falso» y que «nunca he cobrado comisiones». El inmueble, según el empresario, fue una mordida encubierta.

Aldama, a diferencia de Ábalos, que se negó a responder la batería de 300 preguntas que le hicieron, está respondiendo a todos los interrogantes que le está planteando Su Señoría. A su llegada al Supremo ha sido fotografiado con una carpeta, que es donde lleva el contrato original que firmó el ex ministro. La firma del contrato se llevó a cabo el 24 de abril de 2019. Ese día, según la agenda del Palacio de La Moncloa, se liberó la jornada de actos protocolarios.

El piso, de 250 metros cuadrados, está a nombre de la sociedad Batarse y Asociados SL. El administrador único es Luis Alberto Escolano Marín, uno de los empresarios señalados como testaferros de la trama. Según el empresario, además del inmueble, Ábalos pidió una reforma integral de la vivienda. El programa Horizonte de Cuatro, que presenta Iker Jiménez, desveló varias imágenes de la reforma.

El piso, según Aldama, fue una comisión ilegal encubierta a cambio de adjudicaciones millonarias desde el Ministerio de Transportes. Justo después de salir de prisión, el empresario entregó al Supremo un arsenal de pruebas que incluían anotaciones sobre constructoras que, según su versión, iban a pagar mordidas por recibir contratos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que «en realidad se trata de adjudicaciones que hizo el Gobierno del PP» pero, sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sólo se limitó a licitar las obras, cuando tanto la adjudicación como las modificaciones de contrato las llevó a cabo la administración pública cuando el PSOE ya estaba en el poder.