Un juez anula la exclusión de ochos cuidadoras que no alcanzaban el nivel de euskera que exigía el PNV
La legislación vasca impone el 63 % de las plazas públicas en euskera para atender al 20 % o 30 % de los guipuzcoanos que hablan el idioma
Un juzgado de San Sebastián ha anulado la exclusión de ocho cuidadoras que, pese a tener las mejores puntuaciones en una oposiciones, con hasta 24 años de contratos temporales, no alcanzaban el nivel de euskera escrito que exigía la Diputación de Guipúzcoa, donde gobierna el PNV con el PSE.
CC.OO., sindicato que había recurrido la exclusión de las trabajadoras, ha indicado que, «tras muchos años sin oposiciones , sin opciones a estudiar euskera en horario laboral por ser interinas, en un supuesto proceso extraordinario de estabilización para personal cuidador en las residencias públicas de Guipúzcoa, ocho de las trabajadoras con mayor puntuación, con hasta 24 años de contratos temporales, y hasta 10 años intentándolo en euskaltegis (escuelas de euskera), habían sido excluidas, por no tener acreditado el perfil lingüístico 2 oral y escrito, obligatorio para las 20 plazas».
Las mismas fuentes han asegurado que estas trabajadoras «son perfectamente capaces de atender en euskera, pero no tienen el nivel de redacción B2 avanzado, algo totalmente innecesario para su trabajo».
CC.OO. ha defendido que «los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas, siendo el índice de obligado cumplimiento para la Diputación de Guipúzcoa de un 63 % de plazas con perfil preceptivo, mandatado por el artículo 11 del Decreto 86/1997 del Gobierno Vasco, para atender los elementales derechos lingüísticos del entre 20% y 30 % de la ciudadanía de Guipuzcoa que opta por el servicio en euskera».
Además, ha tachado de «lamentable» que sindicatos nacionalistas como ELA y LAB «promuevan el marcaje y señalamiento contra trabajadoras en precario que intentan defender sus derechos». También ha considerado «realmente preocupante es que la Diputación de Guipúzcoa gobernada por PNV y PSE incumpla la propia normativa lingüística del Gobierno Vasco».
Finalmente, el sindicato ha recordado que, «frente a esta posición excluyente y segregadora contra personas que no saben euskera, o lo entienden pero no lo hablan, o lo hablan pero no consiguen el perfil», tiene «una propuesta alternativa basada en la gratuidad de los euskaltegis, liberaciones también para el personal interino y de subcontratas, nuevas formas de acreditación sin macro exámenes, y el reconocimiento oficial de los perfiles solo orales y los de solo comprensión».