Juristas, magistrados y fiscales, tras su año más difícil: «Nunca un Gobierno había atacado tan gravemente al Poder Judicial»

El balance judicial de 2024 arroja, en general, un «resultado negativo» para el Poder Judicial español. No en vano hace unos días se conocía el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se confirmaba la tendencia al alza en la litigiosidad en nuestro país. Esto es, el aumento en el registro de asuntos en los órganos judiciales de toda España de acuerdo con los datos referidos al tercer trimestre del año, en el que el incremento se sitúa en torno al 4,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien, también cabe señalar que en un escenario tan adverso, el número de asuntos resueltos ha mejorado en un 7,3 %.

Es decir, «los jueces de este país cada año trabajan más y los juzgados cada vez registran mayor número de asuntos, así que, como Sísifo, cada día los jueces suben cargados con una enorme roca, resuelven cada vez más asuntos, y de nuevo la piedra cae rodando por la pendiente, porque siguen esperando más y más asuntos para resolver», lamenta la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco.

Y la respuesta institucional a esta situación «de enorme gravedad ha sido la nula creación de juzgados», recuerda Del Barco. «Es un año, por tanto, estéril en lo que a la dotación de medios materiales y personales» se refiere, «por parte del Ministerio de Justicia y de aquellas comunidades autónomas con competencias en la materia», añade.

Ha sido un año muy complicado para los jueces. Algunos pretenden la impunidad absoluta, obviando que todos somos iguales ante la ley y estamos obligados a su cumplimientoMaría Jesús del BarcoDecana de los jueces de Madrid

Un contexto al que hay que sumar, además, la lamentable degradación institucional que ha sufrido el Poder Judicial durante los últimos 12 meses.

«Nos estrenamos el pasado enero escuchando como el Gobierno hacía suyos los argumentos de lawfare del independentismo catalán —precisamente de aquellos condenados en el procés— y terminamos escuchando, cada día, ataques inaceptables en un Estado democrático, donde desde el propio Gobierno, desde la tribuna del Congreso de los Diputados o en cualquier intervención ante los medios de los representantes políticos con responsabilidad institucional, se cuestiona la labor de los jueces y magistrados de este país», denuncia la decana de los jueces de Madrid.

Y no en el modo de «una crítica razonable», sino «utilizando términos tan gruesos» como «connivencia política», «extrema derecha judicial», «fascistas con toga», «persecución judicial»... En definitiva, «cercenando la legitimidad de los jueces, de la función judicial, para legitimar después el incumplimiento de las resoluciones judiciales», subraya Del Barco.

«Cada día se socava más y más la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, poniendo así en grave riesgo nuestra democracia. Algunos pretenden la impunidad absoluta, obviando que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y estamos obligados a su cumplimiento. Desempeñar un cargo público no nos hace impunes, al contrario, debemos ser más exigentes y escrupulosos, si cabe, en el cumplimiento del ordenamiento que nos hemos dado», concluye la magistrada.

La Fiscalía más denostada de la historia

Una visión compartida por Salvador Viada, fiscal del Supremo y vocal electo del Consejo Fiscal por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Para Viada, el año que termina ha puesto en evidencia «una relación de beneficio mutuo» entre el Gobierno y la Fiscalía que no ha supuesto «ninguna mejora para la Institución», sino una «profunda apariencia de sumisión» de ésta al Ejecutivo.

«Aparte del lamentable episodio que ha supuesto la imputación» de Álvaro García Ortiz «en el Tribunal Supremo», se han dado toda «una serie de decisiones» del Ministerio Público en lo relativo a «la aplicación de la Ley de Amnistía», por ejemplo, «completamente acríticas en cuanto a la interpretación de una ley excepcional y retroactiva».

El 2024 finaliza con un cambio procesal que busca entregar la instrucción de los delitos a la Fiscalía, en su momento de mayor descréditoSalvador ViadaFiscal del Tribunal Supremo y vocal del Consejo Fiscal

Mientras tanto, ningún avance «en cuanto a la asignación de un presupuesto propio para la Institución, ni se mejoran las condiciones laborales de los fiscales, pese a que hay un centenar de profesionales sin destino en propiedad y sirviendo, de manera provisional, en ciertas plazas».

Por no hablar «del retraso en el ascenso de más de 200 abogados fiscales a la categoría de segunda» mientras, en paralelo, se «han venido produciendo un buen número de correcciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a los nombramientos del fiscal general que no ha aminorado su tendencia a colocar a su mentora y otros fiscales afines de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en posiciones clave», denuncia Viada.

Para el veterano fiscal, «esta situación, en sí misma, evidencia la patología de una Fiscalía incapaz ni de evitar el sometimiento al Gobierno, ni de articular unos contrapesos internos frente a la arbitrariedad, la desviación de poder, o incluso —asómbrense— el delito cometido desde la mismísima jerarquía de la Institución».

La AF espera que la dimisión del fiscal general se produzca en breve y ponga fin a la situación institucional tan lamentable a la que nos ha llevado su imputaciónCristina DexeusFiscal y presidenta de la Asociación mayoritaria

Por su parte, la fiscal Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) considera que «el año que concluye es el peor de toda la historia para la Fiscalía». «La imputación del fiscal general del Estado y su obstinación de mantenerse en el cargo, pese a ello han puesto en un verdadero peligro la neutralidad e imagen de imparcialidad de la institución», considera la fiscal catalana.

«Si Álvaro García Ortiz manifestaba que con su continuidad al frente del Ministerio Público buscaba protegerlo, lo cierto es que con el paso del tiempo ha quedado demostrado que la decisión es errónea, puesto que estamos en boca de todos de manera constante y no, precisamente, para ensalzar el trabajo de los profesionales de la Fiscalía, que los hay y somos la mayoría, sino para poner en cuestión a toda una Carrera por las actuaciones de su titular y de toda la cúpula que le rodea», remarca Dexeus.

El escándalo de la amnistía

No menos crítica con la degradación institucional que arrasa y «deteriora» la mayor parte de los organismos de referencia y contrapeso de nuestro país —con los que, hasta ahora, parecíamos contar— es la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, para quien «es necesario superar» la situación actual y «volver a los estándares» de calidad democrática.

«El endiablado rompecabezas de los apoyos al Gobierno de Pedro Sánchez provoca que sea muy difícil aprobar leyes y se ha recurrido con exceso a la figura del decreto-ley, aun a sabiendas de que en demasiadas ocasiones no se obtendría el plácet parlamentario o de que se acabaría el asunto con un recurso de inconstitucionalidad ante el TC», recuerda la veterana jurista.

Ha sido un año muy convulso para el Estado de DerechoTeresa FreixesCatedrática de Derecho Constitucional

Una de las principales voces en contra del encaje de la amnistía en nuestro ordenamiento cree que este año que termina «ha sido el año legislativo más pobre de las últimas décadas». «La controvertida Ley» de borrado penal del procés, «cuestionada en varios aspectos por la Comisión de Venecia y el Supremo —a la espera de sendos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Constitucional (TC)— ha enrarecido el clima político y jurisdiccional durante todo el año», lamenta Freixes.

«Además», afea, «se han producido desafortunadas manifestaciones del Ejecutivo, acusando a determinados jueces de lawfare, cuando tanto los órganos de control judicial europeos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos califican de totalmente contrarias al Estado de derecho conductas de este tipo».

«El enjuiciamiento de familiares del presidente del Gobierno y la imputación del fiscal general del Estado sitúan a estas instituciones en precario, con todo el respeto a la presunción de inocencia, pero a la espera de los pronunciamientos judiciales que clarifiquen su situación», sostiene la jurista.

El dique de la Constitución y el Rey

Aunque para su compañero de especialidad, el abogado y doctor en Derecho Constitucional Daniel Berzosa, resulta casi «imposible resumir en un par de párrafos lo que ha sido el año 2024 desde un punto de vista jurídico-legal; dadas las novedades de calado (y no todas esperadas, como es natural) que nos han envuelto, ya desde las cumbres, ya desde las simas que vierten normas al ancho campo del Derecho», sí tiene a bien destacar, para este diario, «algunos árboles de la selva española que han sido afectados de forma notable» en los últimos doce meses.

Materias como «la competencia, el compliance, el consumo, la digitalización y la Inteligencia Artificial, el sector de la energía, la sostenibilidad, la financiación, la fiscalidad, y las sociedades, el ámbito de la industria, el sector inmobiliario y el urbanismo, la dimensión laboral, la litigación y el arbitraje, el mercado de capitales, la protección de datos, la regulación financiera y los seguros, la vertiente procesal y el derecho de defensa», han sufrido cambios relevantes.

El Rey alerta frente a las fuerzas
que asfixian la libertad (...) en torno a identidades grupales ajenas a cualquier tipo de entendimiento democráticoDaniel BerzosaDoctor en Derecho Constitucional

«En algunos de los casos citados, las afectaciones se han debido a intensas conexiones políticas coyunturales, con consecuencias no solo para el Derecho infraconstitucional, sino para la propia compresión jurídica y el prestigio cívico de la Constitución», alerta el profesor Berzosa. A pesar del contexto, Berzosa no duda en destacar la «modélica dinámica jurídico-constitucional que Su Majestad el Rey, el Jefe del Estado, ha seguido desplegando. Felipe VI alberga de forma ejemplar en su ejercicio las cualidades y disposiciones que requiere la vida ciudadana de un Estado libre y democrático con forma de Monarquía parlamentaria».

«El Rey, como Jefe del Estado, simboliza la «unidad y permanencia» del mismo y «personifica la nación» y, como tal, «ha seguido integrando a todos y cada uno de forma solidaria, uti soci, desde las funciones, competencias y facultades que le asigna la Constitución», alaba el jurista. «Felipe VI ha seguido mostrando una capacidad admirable para afrontar las situaciones con éxito y animarnos a no caer en la desesperanza diluyente y a mirar al futuro con determinación optimista», concluye.