Los problemas desbordan a Pedro Sánchez al comienzo de su año crítico
El presidente tiene cuatro frentes abiertos en canal, y todos a la vez: judicial, político, orgánico y electoral. ¿Será capaz de sobrevivir a este 2025 al filo de lo imposible?
Pedro Sánchez debería haber pedido un casco en su carta a los Reyes Magos, porque en 2025 le van a llover los golpes. El presidente del Gobierno afronta un año lleno de frentes abiertos, que se condensan en cuatro: judicial, político, orgánico y electoral. ¿Será capaz de sortear todas las minas?
Los tribunales, su tortura
En el frente judicial, el año empieza con la declaración, el miércoles, del hermano del presidente ante la jueza de Badajoz que instruye su caso, en el que está imputado por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal. Aunque es el caso de su mujer, Begoña Gómez, el que más quita el sueño a Sánchez.
Ese mismo 8 de enero declarará el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la causa contra el fiscal general del Estado que lleva el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Rodríguez lo hará como testigo, no como imputado, a pesar de que el Gobierno celebró su citación como si fuese un tanto a su favor y no la lógica de una instrucción.
Precisamente en el momento de mayor descrédito de la Fiscalía General del Estado, a la que Álvaro García Ortiz ha convertido en un apéndice de la Moncloa, el Gobierno pretende culminar este año la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal para quitar la instrucción de los juicios penales a los jueces y dársela a los fiscales. Pero sin reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarlo de mayor autonomía, que es lo que ha pedido el CGPJ en su informe sobre el anteproyecto de ley. Precisamente cuando hay dos instrucciones en marcha en la Audiencia Nacional que son dinamita para el PSOE (mascarillas e hidrocarburos), más la del juez del Supremo Leopoldo Puente en la parte que afecta a José Luis Ábalos. El Pleno del Congreso deberá pronunciarse sobre el suplicatorio de este último en febrero.
El Ejecutivo tiene otro empeño para este año: eliminar la figura de la acusación popular. Porque, según el ministro Félix Bolaños, las «organizaciones ultras» están pervirtiéndola. Así lo reiteró el pasado jueves, a propósito de la denuncia de Hazte Oír contra el presidente de TVE, Broncano y Lalachus por la ofensa al Corazón de Jesús.
El Gobierno acabó el año 2024 en una insólita campaña contra los jueces —Juan Carlos Peinado en especial— y con Sánchez diciéndose víctima del «acoso judicial». Y empieza el nuevo igual, porque desde la Moncloa ya han advertido de que la separación de poderes no implica que el poder ejecutivo no pueda criticar al judicial.
Las minas políticas
En el ámbito político, los socios de Sánchez amenazan con darle respiro tampoco en 2025. En especial, Junts y Podemos, que en los últimos meses vienen formando una extraña pinza contra el Gobierno. Los problemas más inmediatos para Sánchez son la cuestión de confianza a la que Carles Puigdemont le exige que se someta (lo que sería una señal de debilidad) y la reunión en enero del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el Ejecutivo quiere avanzar sobre una quita de la deuda para todas las comunidades del régimen común. Básicamente para cumplir con la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña, que es lo que le preocupa para mantener a Esquerra en el redil.
En estas primeras semanas de año también ha de haber noticias sobre el impuesto a las energéticas, que el PSOE prometió a sus socios de izquierda mantener en 2025 después de comprometerse con Junts y el PNV a no prorrogarlo. De hecho, este decayó el 31 de diciembre, tras una votación en el último Pleno del año en el Congreso en la que el PP, Vox, Junts y el PNV fueron en el mismo barco.
Los Presupuestos, esa piedra en el riñón
De cómo embride Sánchez estos asuntos dependerán las dos grandes negociaciones de fondo con los socios de investidura: la senda de estabilidad para 2025 (los objetivos de deuda y déficit), que colea desde julio, y los Presupuestos Generales. Que el Gobierno sea incapaz de aprobar al menos unas cuentas públicas en esta la legislatura (el año pasado renunció siquiera a intentarlo por el adelanto electoral en Cataluña) sería un fracaso difícilmente disimulable. El presidente insiste en que presentará los Presupuestos porque es su obligación, pero, en paralelo, los socialistas llevan meses poniéndose la venda antes de la herida: el principal argumento es que los Presupuestos actualmente en vigor, los de 2023, son suyos.
¿Será capaz Sánchez de aprobar al menos unos presupuestos en esta legislatura o seguirá con los de 2023 prorrogados?
La reforma de la Ley de Extranjería sigue empantanada, y en el Ejecutivo han dejado de confiar en llegar a un entendimiento con el PP. Su plan B pasa ahora por un doble acuerdo con Junts que sirva para aliviar la situación límite de Canarias con los menores extranjeros no acompañados y, además, para cerrar el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña. Esto último fue un compromiso que el Gobierno adquirió con Junts en enero de 2024.
Queda pendiente la foto de Sánchez con Puigdemont, que sigue sin poder acogerse a la amnistía. Este año recién estrenado, el Tribunal Constitucional tiene previsto resolver los 16 recursos de inconstitucionalidad y las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad presentadas contra esta norma, piedra angular de la legislatura. No obstante, el PP y Vox creen que con Cándido Conde-Pumpido la suerte está echada de antemano.
Después de un final de 2024 marcado por los escándalos de corrupción, y con el Gobierno a la defensiva e incapaz de marcar la agenda, el Ejecutivo necesita cambiar el eje de rotación de la legislatura. Utilizará tres bazas para ello: la vivienda, los fastos por el 50 aniversario de la muerte de Franco (el primero será el miércoles) y el desarrollo de su polémico Plan de Acción por la Democracia. En diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la primera de las reformas legales previstas por el Ejecutivo a este respecto: la de la Ley orgánica que regula el derecho de rectificación. En enero quiere aprobar el anteproyecto de reforma de la Ley orgánica del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Su autoridad, a prueba
En el frente orgánico, en los primeros meses del año el PSOE celebrará varios congresos regionales que pondrán a prueba la autoridad de Sánchez. En Aragón habrá batalla segura entre la candidata del presidente, la ministra Pilar Alegría, y el delfín de Javier Lambán, Darío Villagrasa. En Andalucía también suenan tambores de guerra: el martes se abrirá el plazo para presentar las candidaturas para dirigir el PSOE-A y finalmente se sabrá si María Jesús Montero da el paso frente a Juan Espadas. En Castilla y León, Ferraz está urdiendo una candidatura alternativa a la de Luis Tudanca. Se ha venido hablando del alcalde de Soria, Carlos Martínez. Sin embargo, el pasado jueves la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, hizo unas declaraciones desconcertantes: afirmó estar a disposición del partido, como postulándose.
¿A las urnas?, ¿dónde?
Queda el frente electoral. En teoría, en este 2025 no hay elecciones previstas en el calendario. Sin embargo, como ya contó El Debate, es muy probable que las haya en Castilla y León en mayo u octubre —como tarde—; y también hay posibilidades, aunque menos, en Baleares. Desde el PP se presumen de que, en cualquier región, salvo en la Comunidad Valenciana, sacarían hoy mejor resultado que el que sacaron en mayo de 2023. Y lo cierto es que, a nivel autonómico, Sánchez está muy preocupado. Tal es así que uno de los motivos por los que adelantó el Congreso Federal del PSOE a diciembre fue precisamente para acelerar la renovación en los territorios. En busca de «liderazgos fuertes», según sus propias palabras.
Por lo que respecta a un posible adelanto de las elecciones generales, ese sigue siendo el gran misterio. En prácticamente todas las encuestas publicadas en el último año, a Sánchez no le da la suma de ninguna manera para ser investido nuevamente. Así que no parece tener alicientes para convocar. De momento pasapalabra a Junts, que tampoco ha dado visos de estar dispuesto a apoyar una hipotética moción de censura del PP en el corto plazo.