La 'dos' de la Fiscalía fracasa en su intento por usar a Miguel Ángel Rodríguez como coartada para salvar a García Ortiz

Si hay algo que ha dejado claro el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en el transcurso de sus 45 minutos de declaración ante el juez del Supremo Ángel Hurtado, es que fue el propio novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, quien el 12 de marzo del año pasado le facilitó el único correo electrónico del que tuvo conocimiento sobre la causa tributaria dirigida, en un principio, por el fiscal Julián Salto.

En dicha comunicación, que Rodríguez guardó durante 38 horas hasta que hizo uso de la misma, previa autorización de González Amador, en un grupo de difusión de 55 periodistas –cuando ya varios medios de comunicación se habían hecho eco de las conversaciones cruzadas entre la defensa y la acusación del caso, representado por el fiscal Julián Salto–, se reflejaba la disposición del Ministerio Público «para poder llegar a un acuerdo si usted [el abogado Carlos Neira] y su cliente lo estiman posible».

Así las cosas, el intento de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, por incriminar al jefe de gabinete de Ayuso tras solicitar su interrogatorio, hacía aguas durante la ansiada comparecencia de la mano derecha de la presidenta de Madrid ante el instructor Hurtado.

Tampoco corría mejor suerte la tesis de la Fiscalía, representada por la número dos del escalafón y subordinada directa del investigado, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, a la que el magistrado ha reprendido en más de una ocasión durante la vista, por el sentido y enfoque de las preguntas formuladas. En especial, una dirigida a uno de los periodistas al que cuestionó sobre el método que utilizaba como profesional para distinguir «la información» del mero «bulo».

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la causa, pese a los intentos de la fiscal Sánchez Conde por señalar al entorno de González Amador e, incluso, al Decanato de los Juzgados de Madrid, como posibles responsables de la revelación de secretos que ha llevado a su jefe ante la Sala Segunda de lo Penal del TS, la cronología revelada de los hechos «desmonta cualquier opción alternativa» a la de García Ortiz.

No en vano, el 12 de marzo, a las 06.00 horas eldiario.es publicaba, en exclusiva, el expediente tributario judicializado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sólo un día después, el 13 a última hora de la tarde, El Mundo se hacía eco de la posibilidad de archivo de la causa, en base al mail en que el fiscal Salto proponía el acuerdo; unos minutos más tarde, La Sexta aseguraba que el ofrecimiento nació del abogado que representaba a Alberto González; y, es sólo entonces, a las 22:27 horas de la noche cuando Miguel Ángel Rodríguez lanza el mail en el que la Fiscalía ofrece el pacto.

Un extremo que el político popular demostraba entregando a la Letrada de la Administración de Justicia, a requerimiento del juez, una copia impresa del envío efectuado al grupo de mensajería instantánea del medio centenar de periodistas a los que se lo facilitó.

Cabe recordar que el titular del Ministerio Público, por su parte, tuvo en su poder la colección completa de las comunicaciones de la discordia, enviada a su mail personal por la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, a las 21.59 horas del mismo 13 de marzo.

Por tanto, lejos de acreditarse que, como hasta la fecha venían sosteniendo tanto desde la Fiscalía como desde los servicios jurídicos del Estado, la primera filtración de datos confidenciales procedió de Rodríguez (quien en cualquier caso y al haberlos obtenido del propio afectado no pudo incurrir en ninguna revelación de secretos), todos los indicios apuntan a que la información confidencial que manejaron y divulgaron algunos medios en la noche del 13 de marzo del año pasado, tuvo su origen en «fuentes fiscales».

Así se veía obligado a reconocerlo, este mismo miércoles, uno de los dos periodistas citados, también como testigo, que en respuesta a las preguntas del juez, y acogiéndose a su derecho a no revelar la identidad de las misma, confirmó cómo ese día tuvo en su poder el correo electrónico que el abogado Neira proponía al fiscal un acuerdo para su cliente, González Amador, tras asumir que «ciertamente» había incurrido en dos delitos fiscales y adelantando su disposición a reconocerlos y abonar la multa correspondiente.

Sin embargo, la imagen completa del mensaje la publicaría, en primicia, El Plural, la mañana del 14 antes de la Asamblea semanal de control al Gobierno de Madrid y, como se ha sabido después, presuntamente tras ser remitido al digital por una alto cargo de La Moncloa. Supuestamente, se trataba de proporcionar «respaldo» al entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato a quien se pidió exhibirlo en el Pleno, como ataque a su rival política, la presidenta de la Comunidad.

Un mensaje que era previo al facilitado por Miguel Ángel Rodríguez y cuya difusión, en este caso, no contó con un detalle clave: la aprobación del interesado, el empresario madrileño emparejado con la titular regional.