Las acusaciones cierran el círculo sobre García Ortiz y las maniobras de la cúpula fiscal contra el novio de Ayuso

La clave está en los móviles. Desde el mismo momento en el que arrancaba la causa penal contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, las acusaciones populares personadas en la causa, y el propio perjudicado que daba origen a la misma, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ponían el acento en la investigación de los teléfonos como columna vertebral de las pesquisas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

No en vano, el resultado negativo del ordeñado del terminal de Álvaro García Ortiz que entregó a los investigadores un dispositivo presuntamente formateado y, por lo tanto, limpio de cualquier rastro de mensajes incriminatorios, actuaba como cortafuegos, más que para sí mismo, para Moncloa, como parte presuntamente implicada en un plan orquestado para desgastar a Díaz Ayuso a través de la situación personal tributaria de su pareja.

De ahí que, en las últimas horas se hayan precipitado los acontecimientos hasta que el magistrado del Supremo que investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, encargase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil nuevas diligencias sobre el móvil del jefe del Ministerio Público después de que, en una primera ocasión, hallara «cero mensajes» en los dispositivos incautados durante el registro de su despacho, el pasado mes de octubre.

En concreto, tras recibir dos nuevos escritos procesales de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que ha interesado interrogar al fiscal general y ampliar su imputación a los delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información– y del propio González Amador, el juez Ángel Hurtado ordenaba que se aporten los números y los códigos de identificación de los teléfonos «asociados» a las tarjetas que se incautaron en el registro del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre, «así como la titularidad asociada» dichos números.

El instructor dictaba esta providencia «a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado, y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos que figuran en el acta levantada».

Una decisión que se nutre del contenido del informe en el que los guardias civiles asignados al caso aseguraron que habían encontrado «cero mensajes» en los dispositivos de García Ortiz. Por extensión, tampoco dato alguno entre el 8 y el 14 de marzo, días clave para la presunta filtración que denunció el novio de la presidenta madrileña.

Y ello pese a que, en un informe previo, la Guardia Civil encontró mensajes enviados y recibidos en dichas fechas por García Ortiz en el móvil de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en esta causa.

Un detalle que apuntaría a cómo la nueva diligencia encargada ahora por el magistrado buscaría confirmar si el móvil desde el que García Ortiz envió los mensajes a Rodríguez es el mismo que el analizado por la UCO o si, por el contrario, y como han apuntado distintos expertos tecnológicos, se utilizó uno diferente en ambas ocasiones. Con ello se podría acotar, en igual medida, el momento en el que se produjo el cambio del terminal y cuándo se eliminaron las conversaciones de Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería instantánea del móvil del fiscal general.

El papel de su mano derecha

Así las cosas, las acusaciones no pierden de vista el papel relevante de otros cargos de la Fiscalía General del Estado que aparecieron, de manera significativa y recurrente en los cruces de mensajes intercambiados en la cúpula de la institución, durante las horas previas a la polémica nota de prensa.

Entre ellos, el teniente fiscal de la Secretaria Técnica, Diego Villafañe, amigo personal del fiscal general y, por lo tanto, su mano derecha en el día a día profesional quien, además, resultó ser la persona que reclamó a la fiscal jefe provincial de Madrid el pasado 8 de marzo que se le hiciese entrega del expediente completo de González Amador. Los abogados de este último han entendido que siendo un hombre fuerte del equipo de colaboradores más estrecho de García Ortiz en la Fiscalía, Villafañe jugó un supuesto papel activo y determinante para el éxito del plan en el que se buscaba desprestigiar a la presidenta de Madrid a través de una violación de la confidencialidad de los datos de su pareja, un ciudadano particular.

Asimismo, la pareja de Ayuso ha pedido ampliar el análisis pericial de los dispositivos del fiscal general a «todas las conversaciones» mantenidas con Moncloa. Tanto con la asesora del actual ministro Oscar López, Pilar Sánchez Acera que fue quien remitió el documento revelado al ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato; como con el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y su sucesor en el cargo, Ion Antolín, quien ayer dimitía de su cargo alegando motivos de salud, horas después de aparecer señalado en el terminal de Lobato.

También en lo relativo a la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espadas y varios periodistas de medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez.