Manos Limpias pide que el Gobierno informe sobre un teléfono que usaba García Ortiz

Manos Limpias, una de las acusaciones populares en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos, ha pedido al Alto Tribunal que solicite al Gobierno que aclare si un teléfono que utilizaba Álvaro García Ortiz es propiedad de la Administración y, de ser así, que indique dónde está actualmente para que sea inspeccionado.

Así lo traslada en un escrito remitido a la Sala Segunda del Supremo, recogido por EFE, después de que se conociera el informe de la UCO que revela que el fiscal cambió de móvil una semana después de que se le imputara. «El inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas», señala dicho informe.

Como se refleja en él, los agentes de la Guardia Civil analizaron dos números de teléfono, uno en el que recibe mensajes de Pilar Rodríguez Fernández, fiscal provincial de Madrid, que también está imputada en la causa, y otro a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

Para Manos Limpias, de este informe se deduce que el fiscal general utilizaba un único terminal móvil con sistema «Dual SIM», es decir, con dos números de teléfono en un solo aparato, y por lo tanto considera que «dado que una de las líneas telefónicas del investigado es su línea 'de trabajo' y consta en el oficio que su titularidad es del organismo correspondiente del Ministerio de Hacienda, el terminal móvil que la portaba podría ser también de propiedad pública, por lo que este debería estar conservado o, al menos, localizable, para la Administración».

Así, tal como informa EFE, la acusación popular solicita que se dirija oficio al citado organismo dependiente del Ministerio de Hacienda para que determine si este terminal «es de propiedad de la Administración» y, en caso de serlo, que se informe sobre si se halla actualmente «en uso por un nuevo usuario, archivado o del destino que se le hubiera dado».

También pide que se entregue al Supremo ese terminal para su posterior inspección y análisis por la Guardia Civil, y que «se informe de la persona o personas responsables del formateo o borrado de los datos en el terminal móvil una vez fuera entregado por el investigado o si este fue entregado ya formateado o borrado».