El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Las falacias de Sánchez al comparar el franquismo con la España actual
El pasado miércoles 8 de enero Pedro Sánchez presidió el primero de los conocidos como fastos de Franco, el centenar de actos que el Ejecutivo ha organizado este 2025 con motivo de los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Durante su discurso, el presidente del Gobierno aseguró que en 1975 «España seguía siendo un país pobre, aislado y ensimismado», y enumeró varias falacias e incorrecciones.
En aquella época, en la España de los 70, el Estado de derecho era una entelequia. A uno lo podían sacar de su casa, en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel, sin ningún tipo de pruebas ni juicio justo
Uno de los padres de la democracia en España, Torcuato Fernández-Miranda –cercano al Rey Juan Carlos I ya que fue su profesor de Derecho Político– abogó tras la muerte de Franco por ejecutar una transición «de la ley a ley». Esta idea supuso en la práctica que no hubo una ruptura legal y jurídica con el régimen, sino que fue a través de los propios mecanismos del franquismo con los que se llegó a la Constitución de 1978. De hecho, la Ley Para la Reforma Política de 1977, que trajo las primeras elecciones tras la muerte del dictador, se promulgó como una Ley Fundamental del Reino, conjunto normativo que rigió como una suerte de Constitución durante la etapa de Franco.
Así las cosas, tras la llegada de la democracia se mantuvieron las leyes aprobadas por el franquismo, que se adaptaron a la Carta Magna. Por ejemplo, el Código Penal de 1973 estuvo vigente hasta que en 1995 el Gobierno de Felipe González realizó el actual. «El Juez que a sabiendas, dictare sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito, incurrirá en la pena de prisión menor», «el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como reo de lesiones graves» decía esta norma respectivamente sobre los delitos de prevaricación y de lesiones cuando se publicó en el BOE en 1973.
Además, hay ciertas leyes que se realizaron durante la dictadura que hoy en día –aunque algunas han sufrido modificaciones– siguen vigentes, como la Ley de Secretos Oficiales de 1968, la Ley sobre Hospitales de 1962 o la Ley de Agrupaciones de Productores Agrarios de 1972.
Los medios de comunicación lo saben bien. Existía una censura que podríamos calificar de férrea. Que limitaba la difusión de cualquier idea o principio contrario al régimen en periódicos, en radios, en la televisión
Aunque es cierto que durante el régimen de Franco se dio la censura, con la Ley de Prensa de 1966, fomentada por el entonces ministro Manuel Fraga, se permitió a finales del franquismo cierta libertad de expresión en los medios de comunicación. Por ejemplo, tal y como recogen los profesores de la Universidad de Navarra Mercedes Montero y Luis Alberto Andía, en el diario Ya de la Editorial Católica se expresaron ideas contrarias a la continuidad de la dictadura: «Desde la entrada en vigor de la Ley de Prensa, Ya inició la publicación de una serie de artículos que definían su línea política y que discurrieron en paralelo con la tramitación de la L.O.E. El cambio social hacía urgente una evolución política, fruto de un desarrollo ordenado y pacífico, paralelo al crecimiento económico que estaba registrando la sociedad española. Se trataba de articular un orden democrático sin salir de la estructura del régimen».
Por su parte, el 30 de mayo de 1968 el periodista Rafael Calvo Serer publicó un artículo en Diario de Madrid titulado Retirarse a tiempo: No al general De Gaulle, en el que defendía que Franco se retirara de la política para que llegara la democracia. Igualmente, en 1966 Luis María Ansón escribió en las páginas de ABC una tribuna, La monarquía de todos, en la que llamaba a la reconciliación bajo el Reinado de Don Juan de Borbón.
Respecto a la televisión, durante 1974 Juan Luis Cebrián –primer director del progresista periódico El País– ejerció como director general de los Servicios Informativos de TVE, lo que supuso que los telediarios tuvieran un mayor aperturismo.
La gente no podía ser quien quería ser. Y por tanto tenía que amoldar su vida a la moral católica
En 1967 las Cortes franquistas aprobaron la Ley que permitía el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, norma que señalaba que «el Estado Español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho». «El derecho a la libertad religiosa no tendrá más limitaciones que las derivadas del acatamiento a las Leyes; del respeto a la Religión católica, que es la de la Nación española, y a las otras confesiones religiosas», agregaba.
El uso de lenguas como el catalán, el euskera y el gallego estaban restringidos en el ámbito público
Precisamente en 1975, al año al que se refería Sánchez, se promulgó el Decreto 1433/1975, de 30 de mayo, que recogía que «se autoriza a los Centros de Educación Preescolar y Educación General Básica, con carácter experimental, y a partir del curso mil novecientos setenta y cinco-setenta y seis, para incluir en sus programas de trabajo, como materia voluntaria para los alumnos, la enseñanza de las lenguas nativas españolas», lo que hoy se conoce como lenguas cooficiales.
Cartel de bienvenida a Francisco Franco en catalán, en Lérida en 1963
En cuanto al catalán, muchos célebres autores publicaron en este idioma durante el franquismo, como Josep Pla o Salvador Espriu. Además, en 1963 Franco visitó Lérida y fue recibido bajo un cartel en catalán que decía «¡Franco! Benvingut a Lleida», y que fue recogido en el NO-DO de
TVE. Respecto al gallego, en 1963 fue instituida la celebración del Día de las Letras Gallegas, que tiene como objetivo homenajear a los que usan este idioma en la literatura.
El clasismo estaba institucionalizado. Y el sistema celebraba y perpetuaba que hubiese ciudadanos de primera y de segunda
La General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 estableció la enseñanza gratuita y obligatoria a los niños de entre 6 y 14 años, y en esta se incluían a ambos sexos. «La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles. Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria y gratuitamente, una formación profesional del primer grado», recogía la norma.