Los jueces españoles denuncian ante Europa el «ataque al Estado de Derecho» de la nueva ley del PSOE

El «ataque que al Estado de Derecho representa la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso de los Diputados» por el grupo parlamentario socialista, «el pasado 10 de enero» bajo el título «de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», no ha dejado indiferente a nadie. Tras conocerse el contenido y el alcance de la misma, la comunidad jurídica española, casi al unísono, criticaba con dureza las consecuencias negativas de una norma concebida para proporcionar una «impunidad a la medida» de algunas casusas judiciales «con nombres y apellidos».

De ahí que, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, haya decidido tomar medidas contra una proposición que «de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales...), favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por la trascendencia mediática de las personas que están siendo investigadas».

Así las cosas, y dado que «la reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas», desde la APM han comunicado a las autoridades europeas, los riesgos que entraña el nuevo texto legal proyectado por los socialistas en el Gobierno.

Una norma que, «además, pretende la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados que, sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, -básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia-, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica».

Por ello, «hoy hemos dirigido sendos escritos a Dña. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo y a Dña. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresando nuestra preocupación por lo que entendemos es nuevo ataque a nuestro Estado de Derecho, solicitando su intervención», reza el comunicado remitido a la Carrera desde la asociación.

En la misma línea, la Plaforma Cívica para la Independencia Judicial se ha dirigido en una carta a dos de los principales responsables de la Comisión Europea en la materia –la vicepresidenta Ejecutiva, Henna Virkkunen, y el comisionado irlandés para la Democracia y la Justicia, Michael McGrath– para que lleven a cabo «una investigación preliminar» sobre el texto legal y «adopten las medidas que fueren necesarias para resolver tan grave situación», incoando «un procedimiento de infracción contra el Reino de España, sin perjuicio de activar las previsiones del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea».

Así lo recoge la entidad en la misiva que ha registrado este mismo lunes, a primera hora, y a la que ha tenido acceso El Debate.