Las 48 horas en las que el PSOE pasó de ponerse bravo con Puigdemont a aceptar el castigo

La semana política empezó con Pedro Sánchez prometiendo sacar más viviendas al mercado —no especificó cuántas para no perderse en los detalles— y terminó con el presidente del Gobierno evitando un desahucio: el suyo propio, gracias a la indulgencia, siempre interesada, de Carles Puigdemont. Por algo, el Ejecutivo prorrogó el pasado mes, y hasta el 31 de diciembre de 2025, los desahucios a familias vulnerables: si alguien sabe lo que es vivir en la precariedad, ese es Sánchez. En su caso, precariedad política. También a él le cuesta llegar a final de mes, cada mes.

Bromas aparte, el presidente ha dado muestras esta semana de que no es capaz de sostenerle la mirada ni un órdago a su socio prófugo. El arranque de dignidad que protagonizó el Gobierno cuando el martes adelantó que el PSOE vetaría la iniciativa de Junts instando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza duró dos días. Hasta que el jueves, en la reunión de la Mesa del Congreso, Francina Armengol se encargó de recoger el cable y el amor propio de Sánchez. A costa de arrastrar a la Cámara Baja una vez más y de sentar un precedente peligroso. «¿Es que a partir de ahora la Mesa va a poder amenazar a los grupos con dejar sin calificar cualquier iniciativa el tiempo que considere?», se preguntan en el PP.

El viernes, Puigdemont confirmó que la vajilla seguía intacta. A su manera, claro. Anunció la suspensión de las negociaciones bilaterales con el Gobierno hasta que haya una reunión urgente en Suiza, en cuestión de días. Traducción: Pedro, te damos otra oportunidad, no la desaproveches. De paso volvió a rechazar apoyar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo.

¿Qué pasó en esas 48 horas entre el martes y el jueves?, ¿el presidente estaba realmente dispuesto a decirle a Puigdemont aquello de ‘hasta aquí hemos llegado’? Más bien Sánchez hizo soltar un globo sonda para ver cómo reaccionaba el de Waterloo. Y este reaccionó entre mal y peor. Inadmitir a trámite la famosa proposición no de ley habría provocado que Junts rompiera las negociaciones presupuestarias, acelerando así el fin de ciclo del sanchismo, que ya está en marcha.

La realidad es tozuda: si Sánchez no consigue pactar los Presupuestos de 2025, menos aún lograría los de 2026

Porque, por más relatos que inventen en la Moncloa, la realidad es tozuda: si Sánchez no consigue pactar los Presupuestos de 2025, menos aún lograría los de 2026. No aprobaría unas solas cuentas en toda la legislatura, y ningún Gobierno puede sobrevivir a eso. Ellos lo saben. No es excusa que el PP tampoco pueda aprobar las cuentas públicas de este año en las comunidades que hasta el pasado verano gobernaba con Vox.

El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría no fue del todo clara: «La cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno, está en el artículo 112 de la Constitución. Y cuestión de confianza, ¿por qué? El Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias», señaló.

Sin embargo, la sorpresa saltó una vez terminada la comparecencia de la portavoz. Allí mismo, fuentes muy autorizadas del Gobierno aclararon que dos días después el PSOE votaría no a la iniciativa de Junts porque era «extemporánea». La noticia viajó a Bélgica y Barcelona a toda velocidad y los de Puigdemont montaron en cólera. ¿Cómo se atrevía el presidente a desafiarlos así?, ¿quién se creía?

Y el pulso empezó a temblarles

En las horas siguientes, los de Junts hicieron saber a sus interlocutores habituales —Santos Cerdán, Félix Bolaños, María Jesús Montero— que no iban de farol; que si a los socialistas se les ocurría vetar la iniciativa de la cuestión de confianza, ya se podían ir olvidando de aprobar unos Presupuestos. El miércoles, a los socialistas empezó a temblarles el pulso. Ya no digamos a Sumar, que vio desmoronarse su hacienda e intentó mediar entre las dos partes. El mismo miércoles, desde el Gobierno empezaron a deslizar extraoficialmente que estaban haciendo gestiones con Junts para desactivar la proposición no de ley (Inciso: tiene delito que la gobernabilidad de España dependa de una PNL, iniciativas parlamentarias que no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo).

De esas gestiones salió la fórmula, por arte de birlibirloque: congelar la admisión a trámite de la iniciativa para ganar tiempo. El PSOE se la trasladó a los independentistas y estos dieron su beneplácito el mismo jueves por la mañana. Justo antes de empezar la reunión de la Mesa del Congreso, el equipo de Armengol adelantó a los periodistas la decisión, aun cuando ni siquiera se había votado. Desde el grupo parlamentario popular apuestan directamente a que el PSOE y Sumar jamás calificarán esa PNL, ahí quedará momificada en la Mesa de la Cámara Baja si Junts no la retira (que no tiene intención) o la reformula. «No hay ninguna resolución que sea mejor que un acuerdo», señalan, por su parte, fuentes de la mayoría de izquierdas en la Mesa.

¿Y cuánto tiempo? En esto sí coinciden las partes: a lo largo de febrero tiene que haber acuerdos. Al menos, en dos de las carpetas: la transferencia de las competencias en materia migratoria, una concesión que Sánchez le hizo a Junts en enero de 2024; y los objetivos de deuda y déficit públicos, que son el paso previo a los Presupuestos. Desde el Ministerio de Hacienda puntualizan: «Llevaremos la senda de estabilidad al Pleno del Congreso si hay perspectiva de que haya Presupuestos. Si no, no». Así que ese será el termómetro de cómo van las negociaciones de las cuentas públicas.

La primera prueba

El miércoles que viene hay convocado un Pleno extraordinario que servirá para ver cómo respira Junts. El Gobierno somete a la convalidación del Congreso tres reales decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre, entre ellos el que estableció un nuevo gravamen temporal para las energéticas durante 2025. Se suponía que, esta vez, Junts no iba a crear problemas insalvables al Ejecutivo en ninguno de ellos (era el PNV el que amenazaba y amenaza el de las energéticas), pero ahora amenazan con hacerlo.

A todo esto, y a pesar de toda la pompa del foro Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar, la semana de la vivienda le duró al Gobierno, exactamente, un día: el lunes. ¿Cree el Ejecutivo que se juega la legislatura con este tema capital, al que el CIS ha situado como el primer problema de los españoles por segundo mes consecutivo? «No lo estamos viviendo en esos términos, sino en términos de respuesta social», responden desde el Ministerio de Vivienda. Es su palabra.