Bolaños, un ministro de Justicia contra la justicia: ataques a los jueces, Ley Begoña y fiscales a cargo de la instrucción

En la última reunión institucional mantenida con la Sala de Gobierno del Supremo el pasado 8 de abril, el entonces presidente de lo Penal del Alto Tribunal, el juez Manuel Marchena, afeó al ministro de Justicia, Félix Bolaños sus reveladores «silencios» ante los ataques independentistas a los magistrados y fiscales que, de un modo u otro, habían intervenido en las causas derivadas del procés catalán. Se refería Marchena a las afirmaciones vertidas por la portavoz de Junts Míriam Nogueras, unos días antes, contra él mismo, el instructor del caso Pablo Llarena, el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes y la magistrada Carmen Lamela.

Poco tiempo después llegaría el turno de otros miembros de la Magistratura como Manuel García-Castellón, que abrió causa por terrorismo, en la Audiencia Nacional, contra el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont; el juez Juan Carlos Peinado, instructor del procedimiento que mantiene imputada a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, por cuatro delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional; o, los magistrados Leopoldo Puente y Ángel Hurtado, al frente de las pesquisas sobre el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respectivamente.

De hecho, sobre este último asunto Bolaños manifestaba su «sorpresa» tras leer algunas «cuestiones» contenidas en «el auto» en el que el juez Hurtado señalaba a García Ortiz como la persona de la Fiscalía que «dirigió los pasos que llevaron» a la filtración de los datos personales de la pareja de la presidenta madrileña y lo citaba a declarar como imputado.

Además, el miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez subrayaba, desde una tribuna pública y en el ejercicio de su función como ministro de Justicia, que «querría preguntar en qué se fundamenta algunas afirmaciones» que se realizan en la resolución del instructor, ya que «no existe ninguna base probatoria, ninguna evidencia, que acredite lo que allí se dice». Unas valoraciones que provocaron, una vez más, un profundo malestar entre los miembros de la Judicatura y por las que el Partido Popular exigía su inmediata dimisión.

Sin embargo, las de Bolaños eran sólo la punta de lanza de una suerte de afirmaciones en la que otros miembros del Gobierno, desde su ministra portavoz, Pilar Alegría al polémico Óscar Puente, han puesto en tela de juicio y la resolución del instructor contra el máximo responsable del Ministerio Público.

Unos ataques al sistema judicial que, no son nuevos, y que avanzan sin disimulo de la mano de la nueva proposición de ley del PSOE, ya conocida como 'ley Begoña', diseñada para prohibir que los partidos políticos o asociaciones afines puedan ser acusaciones populares y retirar, de los actuales procedimientos abiertos, a las que ya están personadas en los mismos.

Un plan que, junto con la entrega de la instrucción penal a los fiscales, en el marco de una Institución fuertemente jerarquizada y en la que, al hilo de la presunta revelación de secretos de García Ortiz, se ha comprobado que no cuenta con suficiente contrapesos internos –como advirtió el CGPJ, de manera unánime, en su último dictamen sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– apuntan a un nuevo intento del Gobierno por dinamitar, definitivamente, la separación de poderes en España.