Bolaños carga contra el auto del Supremo sobre García Ortiz y afirma que en él «no existe ninguna evidencia»

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha arremetido contra el auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado con el que cita a declarar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como imputado por presuntamente haber revelado secretos de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En la resolución, el juez sitúa al máximo representante del Ministerio Público como «la persona que dirigió los pasos que llevaron» a la filtración de los datos personales de la pareja de la presidenta madrileña.

Así –en un acto público junto a García Ortiz– Bolaños ha manifestado hay «cuestiones en el auto» que «leí con sorpresa». Además, el miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha subrayado que «querría preguntar en qué se fundamenta algunas afirmaciones» que se realizan en la resolución del instructor, ya que «no existe ninguna base probatoria, ninguna evidencia, que acredite lo que allí se dice».

En relación con el fiscal general del Estado, el titular de la cartera de Justicia ha vaticinado que «habrá una resolución del Supremo» que demuestre que «contó la verdad». «Este Gobierno apoya y respalda no solo al fiscal general, sino al último fiscal que persiga el delito», ha resaltado Bolaños para también indicar que «España es un Estado de derecho en el que no se puede condenar a nadie si no existen pruebas».

Preguntado acerca de las relaciones del PP con Junts, el ministro ha reconocido que «este asunto me divierte» ya que «siempre me pregunto qué le ofreció el PP a Junts para investir a Feijoó». Por ende, ha reseñado que «lo del PP con Junts es una esquizofrenia absoluta» porque los 'populares' han pasado de criticar a la formación que lidera el prófugo Carles Puigdemont «a estar todos los días mendigando».

Respecto a la conocida como ley Begoña, Bolaños ha aseverado que «he escuchado que tanto el señor Feijóo como el PP» han denunciado la propuesta en la Unión Europea porque consideran que «nuestro Estado de derecho europeo está en riesgo porque queremos regular la acusación popular», una figura que solo existe «en España y en Andorra». En consecuencia, ha destacado que el objetivo de la norma es «evitar que los ultras perviertan por completo esta figura que está en nuestro derecho».

Sobre la cuestión de confianza presentada por Junts y que mañana debatirá la Mesa del Congreso de los Diputados, el titular de Presidencia y Justicia ha relatado que «estoy convencido de que mañana» de que este organismo «adoptará una decisión conforme al Reglamento de la Cámara».