Bolaños dice que la ley Begoña no beneficiará a la mujer de Sánchez porque «ya estará resuelto»

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la reforma para limitar la acusación popular –conocida como ley Begoña– no afectará a ninguno de los asuntos judiciales que afectan al Gobierno, como el abierto contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, porque cuando termine su tramitación en las Cortes y se apruebe oficialmente, los casos «estarán resueltos».

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro socialista ha desmentido que la reforma de la acusación popular vaya a tener carácter retroactivo, y también ha sostenido que «no afectará a ninguno de los casos de los que se está hablando», tampoco el que afecta a la mujer del presidente del Gobierno.

El motivo, según Bolaños, es que por ahora la reforma es tan solo una proposición de ley que se tiene que tramitar en el Congreso, que después habrá que llegar a un acuerdo con los grupos para que sea validada, que justo después pasará dos meses tramitándose en el Senado y que, tras su rechazo por la mayoría del PP, volverá al Congreso.

«Es decir, estamos hablando de una proposición de ley que de convertirse en ley e ir al Boletín Oficial del Estado van a pasar muchos meses, y estos casos de los que estamos hablando, bueno, pues a la vista está que se producen muchas diligencias probatorias y que obviamente serán casos que en un sentido u otro ya estarán resueltos», ha proseguido con su explicación.

Preguntado sobre si no le chirría como ministro de Justicia que se tramite una reforma de la acusación popular justo en el momento en el que el Gobierno tiene abiertas causas judiciales con denuncias presentadas a través de esta figura procesal, Bolaños ha respondido que lo que le chirría es que «haya sido pervertida por organizaciones ultras».

Asimismo, ha cuestionado quién financia «las organizaciones ultras» para «perseguir a personas progresistas y a sus familias», ya que la fianza que deben depositar cuando se presentan este tipo de querellas pueden ser elevadas, de hasta 20.000 euros, un importe «que no cualquiera» se puede permitir, menos «un ciudadano cualquiera».