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Fachada del edificio okupado ‘La Ruïna’, en Barcelona.
¿Acabar con la okupación? Esto es lo que proponen los diferentes partidos políticos
Desde la «tolerancia cero» de Vox a prohibir los desahucios de Podemos
La okupación ilegal de viviendas alcanzó en 2023 la cifra de 115.289 denuncias, según datos del Ministerio del Interior. Esta cantidad, según los expertos, lejos de mejorar, va a más. ¿y qué proponen los diferentes partidos para revertir esta situación que afecta a miles de propietarios?
La derecha apuesta por endurecer las penas a los okupas y aprobar legislación que apruebe desalojos rápidos; la izquierda, por su parte, se muestra más meliflua. Algunos partidos, como Sumar, ni siquiera muestran la palabra 'okupación' en sus programas. Solo el PSOE se muestra algo más contundente contra ella en sus propuestas y plantean una reforma legislativa que garantice el desalojo de okupas en un plazo de 48 horas.
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'Okupaciones' ilegales
Estos son los días que establece la nueva ley para desalojar a los okupas en España
Vox, tolerancia cero y desalojo inmediato
El programa de Vox sobre la okupación es, sin duda, el más contundente con un enfoque marcado por el endurecimiento de la ley y la defensa acérrima de la propiedad privada. Promete un cambio radical en la gestión de este fenómeno en el país con una «tolerancia cero» ante los okupas. Los de Santiago Abascal hablan de derogar todas las leyes y decretos como la Ley de Vivienda que «han convertido a España en un paraíso para los okupas», según denuncian.
Una de las propuestas más destacadas de Vox es la imposición de desalojos exprés, con un plazo de solo 12 horas desde que se verifique la ocupación ilegal. Este mecanismo se basaría en la ampliación de las competencias de las fuerzas de seguridad para actuar sin necesidad de un proceso judicial previo en casos claros de okupación ilegal. Además, proponen la creación de unidades especiales dentro de las fuerzas de seguridad específicamente dedicadas a la lucha contra la okupación.Vox también ha propuesto un endurecimiento significativo de las penas para los okupas y para aquellos que, directa o indirectamente, faciliten o promuevan la okupación. Se trataría de penas de prisión que podrían superar los tres años, acompañadas de multas elevadas. Además, buscan establecer la responsabilidad subsidiaria de organizaciones que defiendan o apoyen la okupación, lo que podría incluir sanciones económicas y legales contra asociaciones o colectivos.
Además, como medida disuasoria para aquellos que estén pensando en okupar ilegalmente, proponen que se le denieguen los servicios públicos a las personas que okupen un inmueble. Esto supondría que el okupa se quedaría sin Sanidad, Educación o poder empadronarse hasta que resuelva su situación legal.
PP, desalojos en 24 horas
El segundo partido que pone especial énfasis en combatir la okupación ilegal de viviendas es el PP. Con un enfoque también decidido hacia la protección de la propiedad privada, los populares prometen medidas similares a las de Vox, como la de desalojar a los okupas en un plazo máximo de 24 horas. Una tarea que sería llevada a cabo por «unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal». Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo plantea un «paquete de medidas 'antiokupación'» que incluye la prohibición de que los okupas ilegales puedan empadronarse y, por tanto, acceder a servicios y derechos asociados a la residencia legal.
Al igual que los de Abascal, el PP también ha prometido endurecer las penas por okupación, aumentando las sanciones para quienes ocupen, promuevan o faciliten la okupación. En su programa, se menciona la posibilidad de imponer penas de cárcel que podrían llegar hasta los tres años, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del delito.
Otra de las iniciativas incluye la creación de oficinas técnicas municipales dedicadas exclusivamente a la lucha contra la okupación ilegal, ofreciendo asesoría jurídica gratuita y un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de manera inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación. Estas oficinas estarían presentes en todas las regiones gobernadas por el PP, siguiendo el modelo pionero implantado en Galicia.
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Imagen del la Policía Local de Burriana en un desalojo de okupas (Castellón)
Finalmente proponen que los propietarios de viviendas okupadas no paguen impuestos como el IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio durante el periodo de okupación.
PSOE, creación de un parque de viviendas
Tras las críticas recibidas por su Ley de Vivienda, el PSOE ha prometido agilizar los procedimientos de desahucio en casos de okupación ilegal. Propone desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, pero solo en situaciones de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles. El matiz es importante ya que se comprometen a no desalojar a nadie sin una alternativa habitacional. Esta medida busca proteger a colectivos vulnerables. El partido también plantea una regulación más estricta de los fondos buitre y de las prácticas especulativas inmobiliarias, que en su opinión, son uno de los factores que agravan la crisis de la vivienda y, por ende, la okupación. Proponen un marco legal que impida la compra masiva de viviendas para su explotación en el mercado de alquiler de alta rentabilidad.
Por el contrario, los socialistas planean la creación de un «parque público de vivienda» que aumente el número de pisos de alquiler asequible y social cuyo objetivo es que nadie se vea obligado a recurrir a la okupación por falta de opciones.
Los de Pedro Sánchez se muestran también de acuerdo con endurecer las penas por okupación, pero con un enfoque preventivo y no meramente punitivo. El PSOE propone medidas como la mediación prejudicial y el acompañamiento social para aquellos casos donde la okupación esté motivada por situaciones de emergencia habitacional. Se busca así reducir la litigiosidad y ofrecer soluciones que vayan más allá del mero desalojo.
Además, el PSOE propone campañas informativas y la creación de oficinas de asesoramiento que ayuden a resolver conflictos de manera pacífica y legal antes de que lleguen a los tribunales.
Sumar
Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, hablan sobre esta problemática desde una perspectiva claramente social y humanitaria. A diferencia de PP y Vox que centran sus propuestas en medidas punitivas o de desalojo rápido, Sumar opta por la línea abierta por el PSOE para abordar el problema desde su raíz: el acceso a una vivienda digna.
Sumar no mencionaba explícitamente el término «okupación» en su programa de las pasadas elecciones, pero destacaba numerosas medidas para proteger el derecho a la vivienda. Entre sus propuestas, se encuentra la iniciativa 'housing first', que busca erradicar el chabolismo y la infravivienda en todo el Estado desde un enfoque basado en los derechos humanos. Además, planeaban invertir durante diez años el 1 % del PIB en la construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda, con el objetivo de generar un parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más de dos millones de viviendas protegidas en la próxima década.
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Chabolas en una finca okupada junto a la estación del AVE de Valencia
Podemos
En una línea más radical se mueve el partido liderado por Ione Belarra, Podemos, que ha dejado claro que su objetivo no es criminalizar la okupación sino abordar las causas que llevan a este fenómeno, centrándose en la garantía del derecho a una vivienda digna.
Podemos ha mostrado una firme oposición a las medidas punitivas rápidas. En lugar de ello, sus propuestas incluyen la prohibición de desahucios sin ofrecer una alternativa habitacional, especialmente para familias vulnerables. La formación morada ha insistido en que la okupación, en muchos casos, es una consecuencia de la crisis habitacional y la falta de políticas efectivas de vivienda.
Una de las medidas más destacadas es la extensión de la moratoria de desahucios para colectivos vulnerables hasta 2025, que ha sido objeto de negociación y disputa con otros partidos, como el PNV, especialmente en el contexto legislativo reciente.
Además, Podemos ha propuesto la creación de un «escudo social» que no solo aborde la okupación sino también otros aspectos de la vulnerabilidad social, como la extensión de las ayudas al transporte. Este escudo social incluye medidas para garantizar que nadie se quede sin vivienda por no poder pagar un alquiler o una hipoteca, lo que implica reformas en la legislación para que los procedimientos judiciales no se resuelvan en contra de los ocupantes sin una solución alternativa.