Estos son los días que establece la nueva ley para desalojar a los okupas en España

Hace dos semanas, durante una enmienda presentada por el PNV al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un «error injustificable» de Bildu y ERC permitió sacar adelante una reforma del Código Penal que agilizará los desahucios de 'okupaciones' ilegales. De hecho, se incorporó una modificación a la ley de enjuiciamiento criminal para incluir los artículos 202 y 245, que corresponden al allanamiento de morada y a la usurpación de la misma, respectivamente.

En este sentido, aunque en numerosas ocasiones las formaciones independentistas se han mostrado tradicionalmente contrarias a los desahucios, la enmienda salió adelante gracias a este error y a los votos del PP, Junts, UPN y CC. Por otro lado, el PSOE, Sumar, Podemos y BGN votaron en contra, mientras que Vox se abstuvo.

Actualmente, el proyecto de ley está en trámite en el Senado, donde se espera una rápida aprobación debido a la mayoría absoluta del Partido Popular. Además, uno de los cambios más trascendentales que introduce esta reforma es la implementación de juicios rápidos en el ámbito penal para los casos de ocupación de viviendas, un tipo de procedimiento que, hasta ahora, se gestionaba a través de la vía civil.

Gracias a ello, esta modificación promete acortar significativamente los plazos de desalojo, ya que el objetivo es que los procedimientos se resuelvan en un plazo no superior a 15 días.

¿En qué momentos se aplicará?

El allanamiento de morada, que afecta a las viviendas ocupadas que son la residencia habitual de alguien, y la usurpación, que se refiere a viviendas deshabitadas o que no constituyen la residencia principal, son las situaciones en las que se buscará agilizar los desalojos. En el caso de segundas residencias u otros tipos de inmuebles, que hasta la fecha requerían procesos mucho más largos, también se pretende acelerar el desalojo.

Según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, en el año 2023 se registraron 15.289 delitos de allanamiento o usurpación de viviendas, principalmente en Barcelona (4.610), Madrid (1.516) y Valencia (828). De estos, 11.426 casos, el 75 %, fueron esclarecidos.

Asimismo, esta medida no se aplicará a las llamadas ‘inquiokupaciones’, una modalidad en la que los inquilinos dejan de pagar y no abandonan el inmueble, y que, según fuentes del sector, representa el 80 % de la 'okupación' ilegal de viviendas.

Finalmente, esta reforma ha generado reacciones divididas. Mientras que los propietarios celebran la posibilidad de recuperar sus viviendas de manera más ágil y efectiva, los colectivos defensores de los derechos sociales critican que la ley no ofrezca alternativas habitacionales a las personas desalojadas.