El CGPJ aprueba por unanimidad un informe que valora positivamente actualizar el derecho de rectificación

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado hoy luz verde por unanimidad a un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación –norma presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año pasado– que valora «positivamente» la actualización de esta figura legal.

El texto aprueba la decisión del Ejecutivo de actualizar el ejercicio de este derecho para adaptarlo al entorno digital y considera asimismo adecuado que se haga mediante un anteproyecto de ley con rango de orgánica, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota de prensa.

Igualmente, desde el CGPJ han destacado que «el Anteproyecto incluye de forma expresa entre los sujetos obligados a las personas usuarias de especial relevancia; los llamados influencers». Así pues, permite que «personas afectadas por informaciones inexactas publicadas por estos usuarios puedan exigir la publicación de una rectificación en un mayor número de supuestos».

No obstante, el Consejo General del Poder Judicial advierte que «la norma debe poner de manifiesto que recae en el titular del derecho de rectificación el deber de acreditar el número de seguidores de la persona usuaria de plataformas en línea».

Además, el órgano de gobierno de los jueces considera que no se debe establecer un «límite» en cuanto a la inclusión de opiniones o juicios de valor en el contenido de la rectificación, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Por ende, argumentan que estos órganos priman la publicación íntegra de la rectificación, aunque en ella se contengan juicios de valor.

«El CGPJ considera conveniente que el Anteproyecto adecúe la redacción empleada al canon establecido por la jurisprudencia, máxime cuando la interpretación de la regulación del objeto del derecho de rectificación está orientada por el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información y su modificación no está al alcance del legislador», agrega el comunicado.

Respecto al plazo para ejercer la rectificación el órgano presidido por la magistrada Isabel Perelló esgrime que el Gobierno en su proyecto «podría haber considerado un tratamiento distinto del plazo según el ejercicio del derecho se haga frente a informaciones publicadas en medios digitales o en plataformas en línea».

De esta manera, considera que «podría haber ampliado el plazo a tres meses –como sucede en Francia– dada la pervivencia de la información en el contexto digital o podría haber fijado el comienzo del cómputo del plazo en el momento en el que la persona afectada tiene conocimiento de la información».

Por su parte, el dictamen del CGPJ señala que el Anteproyecto «no siempre utiliza un lenguaje inclusivo» y recomienda la revisión del texto y «la sustitución de términos como usuario por 'persona usuaria', legitimados por 'persona legitimada' y discapacitados por 'personas con discapacidad'».