Bolaños abandera la persecución a la prensa crítica: de la ley de información clasificada a la de rectificación

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tomado como propia la guerra contra los medios de comunicación críticos con el Gobierno de Sánchez. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha anunciado la aprobación de la reforma de la ley orgánica que regula el derecho de rectificación, que afecta a los medios de comunicación.

El nuevo anteproyecto aprobado introduce importantes modificaciones en el derecho de rectificación, ampliando de siete a diez días naturales el plazo del que dispone la persona afectada para presentar un escrito de rectificación. Además, se elimina la obligación de dirigir dicho escrito específicamente al director de la publicación, como todavía exige la legislación vigente.

Otra novedad significativa es que ya no bastará con la simple publicación o difusión de la rectificación; ahora será obligatorio incluir un aviso explícito que señale que la información original era «inexacta o falsa» y que ha sido rectificada, independientemente de si la noticia tiene veracidad o no.

Estas medidas, junto a otras tantas anunciadas hoy por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se enmarcan dentro de una persecución a los medios de comunicación críticos con sus políticas, a quienes acusan de difundir «bulos», que han llevado a la mujer del presidente del Gobierno ante los tribunales.

Ley de Información Clasificada

Esta no es la primera vez que el ministro estrella de Sánchez pretende acotar las libertades de los medios de comunicación. El 1 de agosto de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, otra polémica norma que en su momento recibió numerosas críticas por parte de las asociaciones de la prensa, a causa de la censura que pretendía imponer.

Esta norma, que todavía no ha sido ratificada por las Cortes Generales, pretendía derogar la de Secretos Oficiales de 1968, y añadir numerosas novedades. Entre ellas destaca la creación de «la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada», que sería ejercida por el Ministerio de la Presidencia, liderado por el propio Bolaños.

Esto supondría que la responsabilidad sobre la protección de la información clasificada dejaría de estar en manos de un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y pasaría a recaer directamente en un ministro del Gobierno. Esta nueva figura tendría la facultad de determinar, de manera discrecional, si un determinado asunto puede ser conocido por el Congreso de los Diputados o por personas ajenas a dicha institución.

Por otro lado, esta ley establecía un régimen sancionador con multas que varían según la gravedad de la infracción: las muy graves conllevan sanciones de entre un millón y tres millones de euros, las graves oscilan entre 50.000 euros y un millón, y las leves pueden alcanzar hasta los 50.000 euros.

La preocupación principal de las asociaciones de prensa al respecto de este punto de la norma radica en que un profesional de la comunicación que divulgue información clasificada como Alto Secreto, incluso sin ser consciente de su calificación, podría enfrentarse a multas de hasta tres millones de euros. Esta situación introduce un riesgo considerable para el ejercicio periodístico, ya que no siempre es posible conocer la clasificación exacta de la información obtenida.

Con esta ley emanada del ministro Bolaños, el margen de protección para los profesionales de la información se reduciría drásticamente, lo que podría generar un efecto disuasorio en la prensa. Las asociaciones periodísticas denunciaron en su momento que estas medidas, lejos de proteger la seguridad nacional, podrían utilizarse para limitar el derecho a la información y la libertad de prensa, fundamentales en una democracia.