La corrupción carcome al Gobierno y al entorno de Sánchez en el primer aniversario del caso PSOE

«El PSOE no tiene ninguna preocupación». «Absoluta tranquilidad». «Tanto el Gobierno como el PSOE actuaron desde el primer momento». Varios ministros se pronunciaron este jueves sobre la segunda declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo y todas las respuestas estaban milimétricamente cortadas por el mismo patrón que han seguido los socialistas en los últimos 12 meses.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE salió del juzgado con el pasaporte retirado, la obligación de comparecer cada 15 días y las mismas sospechas del juez Leopoldo Puente, si no más: «Persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales», señaló en su auto, citando la organización criminal, el tráfico de influencias y el cohecho.

Este viernes se cumple un año del estallido del primer caso de corrupción en el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez, motivado por una denuncia del PP de Madrid en abril de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. El hilo del que tiraron los investigadores fueron 13 contratos adjudicados por el Ejecutivo central en plena pandemia, sin concurso público y de forma opaca. Fue el «caso Koldo» durante apenas unos días para después adquirir la magnitud de «caso PSOE», cuando al poco tiempo empezaron a surgir ramificaciones y derivadas en los Ministerios de Transportes, Interior, Hacienda, Industria, Transición Ecológica, los gobiernos regionales de Canarias y Baleares, la Moncloa y la mismísima sede del PSOE en la calle Ferraz.

Un año después de la detención de Koldo García y de un entonces desconocido Víctor de Aldama, la corrupción carcome al Gobierno como si fuera un ejército de termitas. Con el empresario disparando con dosificador y la oposición convencida de que la X de todo el entramado es el mismo presidente que ganó una moción de censura prometiendo limpieza y tolerancia cero.

Las instrucciones seguidas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y diversos tribunales de instrucción están más cerca del final que del principio. En el caso de la causa contra Ábalos, en los próximos días declararán ante el juez 17 testigos para apuntalar los indicios. Entre ellos figuran varios exaltos cargos del Ministerio de Transportes, como la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras, y el jefe de Gabinete de María Jesús Montero. Aldama pidió a este último el aplazamiento de una deuda de 550.000 euros contraída con Hacienda, según su testimonio.

En la trama de hidrocarburos, que defraudó a las arcas del Estado más de 182 millones de euros, queda mucho por desbrozar aún. Nadie del Gobierno ha explicado todavía cómo es posible que Aldama consiguiera licencia para operar en el sector con la empresa Villafuel sin cumplir los requisitos. Y poco tiempo después de que el jefe de Gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto se reuniera con el cabecilla de la trama. Maroto compareció el miércoles en la comisión de investigación del Senado por segunda vez y volvió a desvincularse.

Unos días después del estallido del caso PSOE, éste alcanzó de lleno a Begoña Gómez, a propósito de las presuntas gestiones de la mujer del presidente en favor del rescate de Air Europa. Después fueron también sus patrocinios para sus másteres en la Complutense, la cátedra y la presunta apropiación del famoso software. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha tenido que afrontar dos querellas de Sánchez y su mujer por prevaricación (ambas desestimadas) y una feroz campaña de desprestigio por parte del Gobierno y del PSOE. Lo último es la imputación de la asesora de la Moncloa Cristina Álvarez, que trabajaba a las órdenes de Gómez, y la declaración del exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Éste desveló que se sintió «obligado» por el rector a crear la cátedra.

Para desviar la atención del caso Begoña, en marzo de 2024 el PSOE aireó una denuncia de la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por fraude a la hacienda pública. Lo que no sabían es que el caso acabaría siendo la perdición del fiscal general del Estado, que tiene muy difícil librarse de la apertura de un juicio oral. También la de Juan Lobato, aunque en ese caso no hay mal que por bien no venga para los socialistas. El lunes, el juez instructor apuntó directamente al corazón de la Moncloa al citar como testigos a la que fuera jefa de Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera, y al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

El círculo se cierra con el caso del hermano del presidente, que a principios de febrero acabó dimitiendo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, el puesto que supuestamente fue creado a medida para él. Aunque, como desveló este periódico, David Sánchez llevaba desde la semana previa de baja por depresión.

Para colmo, a los socialistas no le salen las cuentas con la 'ley Begoña', esa proposición de ley que registraron en enero en el Congreso y que aún no se atreven siquiera a someter a la toma en consideración por parte del Pleno porque no tienen los apoyos. No le gusta a la oposición pero tampoco a sus socios, puesto que cercena el ejercicio de la acusación popular y pretende ser aplicada con carácter retroactivo, lo que cuestiona su constitucionalidad.