La Mesa del Congreso y sus letrados admitirán el pacto migratorio pese a su dudosa constitucionalidad

La Mesa del Congreso admitirá este martes a trámite la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts sobre la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña, a pesar de las dudas sobre su constitucionalidad. Porque el artículo 150.2 de la Constitución, el que invoca el Gobierno, contempla que el Ejecutivo transfiera o delegue en las comunidades facultades de titularidad estatal, pero lo condiciona a que sean materias «que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

El órgano de gobierno de la Cámara Baja, presidido por la socialista Francina Armengol, se apoyará en el criterio de los letrados para adoptar esta decisión. Y también para desoír una solicitud de Vox que pedía a la Mesa su inadmisión a trámite, así como que los servicios jurídicos del Congreso elaboraran un informe sobre su constitucional y que también opinaran el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Nada de esto último sucederá en la reunión de este martes. Las conclusiones que leerá a los miembros de la Mesa el secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando Galindo, son dos. En primer lugar, que la proposición de ley ha de ser admitida a trámite como siempre ha ocurrido con cualquier iniciativa sobre una delegación de competencias. En segundo lugar, que no ha lugar a las medidas solicitadas por los de Santiago Abascal.

En el escrito, al que tuvo acceso El Debate, los servicios jurídicos recuerdan a Vox que es la Mesa la que decide «autónomamente» acerca de «la pertinencia de solicitar informe a la Secretaría General respecto de las cuestiones que se someten a su examen». Es decir, que ningún grupo parlamentario puede imponer a la Mesa que pida un pronunciamiento a sus servicios jurídicos sobre un asunto.

Respecto al resto de los informes solicitados por Vox, los letrados recuerdan que, «al tratarse la iniciativa en trámite de una proposición de ley orgánica, no son preceptivos». Y que, en el caso del CGPJ, solicitar un dictamen es «una decisión potestiva de la Mesa». Bien lo sabían de antemano los socialistas, que han tramitado esta iniciativa como proposición de ley de su grupo parlamentario -junto con el de Junts- y no como proyecto de ley del Consejo de Ministros para ahorrarse tiempo y para no tener que pedir informes a los órganos consultivos del Estado.

Los de Abascal también pedían la recusación de Galindo para que intervenga en la admisión a trámite porque lo consideran «contaminado», al haber trabajado en «altos puestos» del Ministerio de Política Territorial. Sobre ese particular, el letrado mayor no hará ningún comentario.

Después de la admisión a trámite y de que el Gobierno dé su visto bueno —lo que indudablemente hará—, la primera prueba de fuego a la que se enfrentará el pacto con Junts será el debate en Pleno de su toma en consideración. Los socialistas perdieron una votación similar hace solo dos semanas, en aquel caso sobre la tramitación de una reforma de la ley del suelo acordada con el PNV. El Pleno del Congreso la echó para atrás a las primeras de cambio con los votos del PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, Podemos.

En este caso, es de prever que el PSOE no la lleve al Pleno hasta que no se haya asegurado los apoyos para, al menos, pasar el primer corte. Que es, precisamente, lo que está haciendo con la famosa ley Begoña, tal y como contó este periódico el 14 de febrero. Algo que no tiene fácil, puesto que Podemos es contrario a un acuerdo que, según los morados, destila xenofobia, y en Sumar hay mucho debate al respecto.

«El artículo 150.2 permite delegar o transferir aquellas competencias 'que por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación', lo que evidentemente no es el caso, teniendo en cuenta que esas competencias son un elemento esencial de la potestad del Estado y están, en consecuencia, indisolublemente unidas al ejercicio de su soberanía, que reside en el conjunto del pueblo español», según señalaba el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Valdés en una información publicada por El Debate este domingo, con opiniones de varios expertos.

Aun así, este lunes el ministro del Interior y juez en excedencia, Fernando Grande-Marlaska, defendió la constitucionalidad de esta delegación de competencias. «No hay cesión en fronteras y flujo migratorio irregular», aseguró. «La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes», añadió.