El veredicto de los juristas sobre el pacto fronterizo para Cataluña: «Es una flagrante cesión de soberanía»

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts en materia fronteriza «es inconstitucional» porque la «competencia de inmigración y extranjería corresponden en exclusiva al Estado central». Así de contundentes se muestran los expertos consultados por El Debate, tras un análisis pormenorizado de la norma pactada entre ambos socios de legislatura.

Los juristas coinciden en el diagnóstico, lejos de la discusión lingüística a la que el Gobierno ha querido reducir el asunto: «Transferir» competencias de esta naturaleza a una comunidad autónoma, «lo que antes o después significará que se atribuyan a otras muchas, es no solo políticamente disparatado, sino jurídicamente inconstitucional». De hecho, lo que en realidad se oculta tras el pacto «es una flagrante cesión de soberanía».

En nuestra Constitución, «las competencias en inmigración y fronteras hacen referencia a dos elementos constitutivos del Estado (la población y el territorio) que han estado siempre vinculados a su soberanía. Esa es la razón por la que en todos los estados federales del mundo, las competencias en inmigración y el control de fronteras pertenecen al Estado federal y nunca a los estados federados. Y es también la razón por la que con muy buen criterio, los constituyentes de 1978 establecieron que esas materias eran competencia exclusiva del Estado español», afirma Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Para el docente, «la Proposición de ley que han presentado de manera conjunta el PSOE y Junts reconoce abiertamente que la competencia en materia de inmigración es competencia del Estado al aludir que se delega en Cataluña sobre el base de lo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución».

«Ese artículo permite delegar o transferir aquellas competencias 'que por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación', lo que evidentemente no es el caso», concluye Blanco Valdés, «teniendo en cuenta que esas competencias son un elemento esencial de la potestad del Estado y están, en consecuencia, indisolublemente unidas al ejercicio de su soberanía, que reside en el conjunto del pueblo español».

Esta proposición de ley no pretende otra cosa que modificar la Constitución por una vía de hecho que vulnera, de manera radical, las previsiones de la propia Constitución sobre su reformaRoberto Blanco ValdésCatedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago (USC)

Y pese a que el catedrático gallego apunta que «todos los artículos de la Constitución son susceptibles de diversas interpretaciones», lo que pretenden socialistas y separatistas es «convertir el artículo 150.2 en un chicle que no sirve para nada, porque todos sus límites, incluso los más evidentes, quedan en manos del poder legislativo», a través de su propuesta normativa.

Precisamente, sobre este último extremo se pronuncia el abogado y economista Luis Sánchez Merlo quien afea que se vuelva a «insistir en el vehículo –la Proposición de Ley– con el que se apadrina la transferencia de la política migratoria al gobierno autonómico, que será quien gestione el 'fenómeno'».

El que fuera secretario general de la Presidencia del Gobierno en los años 1981 y 1982, con Leopoldo Calvo-Sotelo, pone de relieve cómo «en lugar de elegir un proyecto de ley, exclusiva potestad del Gobierno, el timbre migratorio común» –tanto para los extranjeros en origen como para los españoles no nacidos en Cataluña, a los que se equipara en estatus– llega de la mano de dos formaciones, PSOE y Junts, que «evitan mencionar a España en el texto del acuerdo» en el que, en todo momento, se refieren al «Estado español».

Una cuestión que no es inocua ya que, como es imposible desgajar «a Cataluña de España» (al modo de la autodeterminación que ya intentó el separatismo durante el procés), lo que se busca es «sacar a España de Cataluña», reflexiona Sánchez-Merlo, sin la apariencia de que con ello se esté produciendo una ruptura territorial del Estado, pero «facilitando» que éste, en su dimensión central, se «diluya», para deshacer «las costuras del país a la medida» bilateral «de los intereses del nacionalismo».

Cataluña estará ahora «mucho más preparada para su futuro como nación», celebraba, en este sentido, Carles Puigdemont.

La cesión de las competencias de inmigración a Cataluña («el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para ejercerlas) evidencia que la independencia está subvencionada
Luis Sánchez-MerloAbogado y Economista

Llegados a este punto, la única discusión intelectual que podría plantearse al respecto –de una «competencia exclusiva del Estado central», como recoge de forma «demoledora el apartado segundo del artículo 150 de la Constitución»– es, a juicio de Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, «si alguna dimensión de lo que se refiere a las fronteras, que es de lo que en definitiva se está hablando, cabe delegarla en una autoridad autonómica, dentro del conjunto de poderes territoriales en los que se organiza el poder en España». Una respuesta que, «en este caso es negativa», sostiene Berzosa.

Y ello porque «el acuerdo contempla de facto la posibilidad de decidir a quién se expulsa o no se expulsa» de Cataluña, «las condiciones en las que entra o permanece» y, por tanto, que son materias vinculadas a un «elemento esencial» de la existencia de un Estado, advierte el profesor Berzosa. Son, por lo tanto, «competencias que en modo alguno se pueden cuartear porque se diluiría la imagen de la propia nación» salvo que «lo que se pretenda sea, precisamente, debilitarla» hacia el exterior.

El propio Puigdemont, líder de Junts y prófugo de la Justicia española, apuntaba en sus declaraciones sobre el pacto alcanzado con los socialistas del Gobierno en esta dirección: «Asumimos competencias que normalmente ejercen los estados».

Las fronteras son, claramente, lo que marca la propia existencia como elemento sustancial (en su dimensión territorial) de un EstadoDaniel BerzosaAbogado y profesor de Derecho Constitucional

El ex magistrado del Supremo Antonio Salas Carceller lo explica con suma claridad: «En España, hoy, el Derecho ha sido expulsado de la Política, como España va siendo expulsada poco a poco de Cataluña».

«El pacto sobre delegación de competencias en materia de inmigración no se ajusta a la letra, y mucho menos al espíritu, de la Constitución ya que se trata de una competencia exclusiva del Estado», advierte.

Según el artículo 150.2 «se pueden 'transferir o delegar' en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, alguna de las 'facultades' no esenciales comprendidas en dicha competencia, pero no esta última en su integridad, como ahora se pretende perpetrando lo que antes se decía que no era posible», añade Salas Carceller.

De lo contrario, podría darse que «Junts presentara inmediatamente una proposición de ley en el Parlamento catalán para regular la materia a su gusto, presionando al PSC a través del propio Gobierno para que la acepte. Aunque fuera constitucional, que no lo es, no sería políticamente oportuna -ni aceptable- una delegación en estos términos que supone en realidad una imposición de un grupo minoritario a un Gobierno de España, al que mantiene bajo secuestro ante la mirada indiferente, e incluso cómplice, de muchos españoles», concluye.