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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el SenadoEFE

Montero admite que la quita de la deuda «no se evapora» y el Estado tendrá que asumir más de 83.000 millones

El PP denuncia que el Gobierno quiere usar el dinero de los españoles para «comprar tiempo» en Moncloa. Y Vox asegura que la única razón de que lleven esta medida es el «chantaje» por gobernar en minoría

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves que la deuda «no se evapora» y que será el Estado el que asuma 83.252 millones de euros que ahora reside en las comunidades autónomas.

Lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, donde estaba citada para hablar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y cómo prevé «sufragar» la condonación de la deuda en Cataluña, el acuerdo del Gobierno con ERC para la financiación singular para Cataluña y si este supone una «cesión de soberanía fiscal», y sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a petición de Vox, el PP y el Ejecutivo respectivamente.

«La deuda no se evapora. ¿Cómo se va a evaporar? El acuerdo se llama de asunción de deuda por parte del Estado. (...) La deuda se la queda el Estado», ha señalado la ministra Montero en respuesta a la intervención del senador del PP José Manuel Barreiros, que recordó previamente que la deuda «no desaparece».

La número dos del Gobierno ha sostenido que constituye «una medida sin precedentes, valiente y generosa que beneficiará a todas las comunidades del régimen común». Montero ha señalado que este acuerdo requiere de una ley orgánica, que esperan aprobar «lo antes posible». Y para ello convocarán reuniones con las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, confía en que acudan «con ánimo constructivo». Además, ha reconocido que esta medida tiene su origen en el acuerdo de investidura firmado con ERC para la investidura de Salvador Illa.

El primer senador en interpelar a la ministra ha sido Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, que ha recalcado que la única razón de que el Gobierno vaya a impulsar esta medida es «el chantaje y los privilegios injustificables» que el Gobierno tiene que pasar para «mantenerse en el poder» al estar en minoría. «Es un ataque radical y profundo a la igualdad entre las regiones de España», ha afirmado.

«Lo que debe Cataluña, a nuestro juicio, por una gestión deficiente, por unas »alegrías« desde el punto de vista independentista, ahora quieren que lo paguemos todos los españoles», ha criticado desde PP José Manuel Barreiros, y ha recalcado que el origen de esta medida, el acuerdo de investidura con ERC, «es lo que explica que ustedes han adoptado estas medidas para poder financiar el sillón del señor Sánchez y el señor Illa». «Ustedes quieren utilizar el dinero de todos los españoles para comprar tiempo en el Gobierno de la Moncloa y para comprar el Gobierno de Cataluña», ha denunciado.

Lo ha hecho después de que el senador de ERC Joan Josep Queralt señalara en su turno de palabra que su partido, «tanto para la investidura del presidente Sánchez como para la investidura del presidente Illa ha puesto unas condiciones» y que estas se están negociando «muy lentamente». «La paciencia, como la arena de los relojes, puede agotarse. (...) No tiren demasiado de la goma», le ha espetado a la vicepresidenta.

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