Un posible testaferro de Aldama confirma que aceptó serlo a cambio del dinero que necesitaba para sus adicciones

Iván Castañer, uno de los presuntos testaferros elegidos por Víctor de Aldama, a quien ha negado conocer, para conformar la estructura empresarial que dio origen al fraude del IVA de los hidrocarburos, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, en calidad de investigado. Castañer, citado por el magistrado Santiago Pedraz, ha señalado este jueves que desde la trama le propusieron figurar como administrador de una de las empresas pantalla y, como tenía problemas de adicciones, con el alcohol y las drogas, y dado que sus padres le habían echado de casa, aceptó.

Además, según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la investigación, Castañer ha detallado la forma en la que le llegó la propuesta: a través de un conocido suyo que, a su vez, le facilitó el contacto con otro de los investigados, Santiago Cirera, quien le trasladó las condiciones de participación. Sin embargo, y a pesar de que se habló de una contraprestación en forma de dinero, finalmente, no recibió ni un euro.

Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que constan incorporados en el sumario, este presunto testaferro figura como administrador único de la sociedad Skyward Tech SL, suministradora interpuestas por Villafuel SL (que, a priori, es la matriz que los agentes sitúan en el centro de la trama), «para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente».

Además, según la UCO, esta suministradora era utilizada por la organización criminal «para canalizar fondos de procedencia delictiva a China». De hecho, Cillán ha contado cómo tras comprarle un traje y firmar ante un notario, fue a abrir una cuenta bancaria a una sucursal cercana a su domicilio para poder efectuar transferencias cuando, desde la trama se lo indicaban, vía teléfono móvil. En concreto, se ha referido a otro de los acusados, Pedro Antonio Marín, y a María Luisa Rivas, hermana de otro de los cabecillas, el empresario Claudio Rivas como los responsables de hacerle las peticiones para, supuestamente, 'mover' el dinero.

Para la policía judicial, el papel de Cirera es mucho más elevado de lo que ha hecho constar como imputado, en su relato ante el instructor, donde se ha presentado como un mero administrativo. Una descripción que no coincide con la tesis de la UCO que le describe como el presunto cerebro del supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos perpetrado a través de Villafuel.

Una operativa para defraudar el IVA

El juez investiga en esta causa una operativa orquestada a través de la operadora Villafuel SL para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, entre los años 2021 a 2024, provisionalmente cuantificado por la Guardia Civil en 231,7 millones de euros. Un tipo de delito que cuenta con diversas causas abiertas en varios de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.

En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales, que es donde se almacena el producto, a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente la carga del impuesto, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido que, sin embargo, es ajeno al fisco.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO, las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es «perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal» y «salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones» dado que obtener ese título de operador es complicado.