
El socio de De Aldama, Alberto Escolano, a su salida de declarar al Tribunal Supremo, a 4 de marzo de 2025
Audiencia Nacional
El hombre de confianza de Aldama rechaza declarar mientras un testaferro asegura que cobró por figurar en una empresa de la trama
Uno de los socios de Víctor de Aldama, imputado en la trama de los hidrocarburos, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del instructor, ni de las partes personadas en la causa
El juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que está imputado el empresario Víctor de Aldama –presunto conseguidor del 'caso PSOE'– había citado, este mismo martes, en calidad de investigado, a Luis Alberto Escolano, hombre de confianza del empresario zamorano y que figura, además, como su socio en diversas empresas de la trama empresarial bajo sospecha. Sin embargo, Escolano se ha negado a prestar declaración.
Hasta la fecha, en los atestados de esta causa –en la que se rastrea un fraude fiscal presuntamente cometido entre los ejercicios 2021 y 2024 y valorado en unos 231,7 millones de euros– se explica cómo Escolano ostenta la representación de hasta 17 sociedades. Entre ellas, la portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA, (de la que Aldama es copropietario), Cuboflamejante LDA y Proezencontrada LDA.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también le sitúa como administrador de la mercantil Cacera Concejo SL, la cual percibió 510.000 euros de la mercantil portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA, mercantil que supuestamente habría ingresado la cantidad de 1,4 millones de euros procedentes de la suministradora Salamanca Fuel Center SL, ambas también vinculadas a las posibles irregularidades.
Escolano, también consta como administrador de la mercantil Aragón Urbana 3000 SL que, a su vez, habría percibido 1,2 millones de euros de la mercantil Businesscity SL, administrada por Víctor de Aldama; y, también, de Proyectos Monte Cerenas II SL, «emisora de facturación falsa a las suministradoras Carburantes Jalón Plaza SL y Espaeventos SL».Cabe recordar que, pese al silencio de Escolano en su comparecencia de esta mañana, el magistrado Pedraz, en un reciente auto dictado en el marco del procedimiento, incidía en cómo la vinculación y participación del empresario en la organización criminal investigada quedaba en evidencia por dos motivos. El primero, por la relación personal que le unía con Víctor de Aldama, «quien se refería a él como 'Alberto hermanito socio'», en las citadas sociedades radicadas en Portugal.
En segundo lugar, por el hecho de que el empresario también adquirió bienes utilizados previamente por Claudio Rivas –presunto líder de la trama junto a De Aldama–, y se refiere en concreto a un vehículo de alta gama titulado por Combustibles Lucinala SL que fue transferido a la empresa portuguesa de Escolano, Agarrobvio Unipessoal LDA.
«Igual de significativo resulta el hecho de que Luis Alberto Escolano pudiera ser custodio de documentación sensible o delicada perteneciente a Víctor de Aldama. Así, en agosto de 2024, el análisis de las comunicaciones mantenidas entre ambos reveló estos extremos, al constatar cómo Escolano envió a De Aldama dos fotografías de la documentación requerida, la cual parece que custodiaba en su domicilio», indicaba el juez en una resolución dictada en diciembre de 2024.
Segundo citado, Carlos Castillo
Sin embargo, las cosas han sido bien distintas en relación con el segundo citado a declarar, Carlos Castillo, que sí ha contestado a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal, como del juez Pedraz como de su letrado defensor.
Castillo– quien ha sido señalado como uno de los testaferros que, presuntamente, la organización utilizó para figurar en el entramado de empresas coordinado por Aldama, al que ha reconocido que vio en tres ocasiones– recibió el encargo de constar en una de las mercantiles utilizadas para las operaciones de hidrocarburos.
Una actividad por la que ha confesado que percibió una remuneración mensual que oscilaba entre los 400 y los 700 euros , bajo la coordinación directa de Carmen Pano, la empresaria que reconoció haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.