Conde-Pumpido culpa a la prensa de su fracaso contra la Audiencia de Sevilla: «Se ha magnificado un debate interno»

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido se ha sentado hoy frente a los asistentes al desayuno informativo convocado en el Ateneo de Madrid para explicar que, finalmente, la Corte de Garantías no hará nada para impedir la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla prepara contra la polémica sentencia de los ERE de Andalucía. Un «coloquio» preparado y poco dinámico que le ha servido como escapatoria ante su ya más que evidente fracaso.

Y ello, pese a que no ha ocultado su malestar con el hecho de que se esté «cuestionando la legitimidad del TC desde la política y desde el Tribunal Supremo (TS)», tras sus últimos autos, en los que según Conde-Pumpido se «amenazó» a sus magistrados «incluso por la vía penal».

De hecho, en relación con la imposibilidad de llevar a cabo su plan para cuestionar la posibilidad de que la Audiencia sevillana, el presidente de la Corte de Garantías ha afeado a la prensa el papel que ha jugado «magnificando» lo que «debería haber sido un debate interno» sobre la «defensa de nuestra jurisdicción. En este sentido, ha lamentado que se haya »trasladado« el asunto a la esfera pública en una especie de »juicio paralelo" en redes sociales y medios de comunicación.

No en vano, el veterano jurista gallego ha vuelto a insistir en la idea de que «atacar» a la Institución y cuestionar sus resoluciones es «atacar, también, a la Constitución» que están llamados a interpretar.

«Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución, cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupo», ha asegurado frente a un aforo repleto de asistentes, a las preguntas planteadas por los periodistas Jesús Maraña, Pedro García Cuartango y Lola García.

Aún así, se ha detenido en explicar que, pese a sus intenciones iniciales, desde el TC no tienen el propósito de interferir en lo que decida la Audiencia de Sevilla sobre el fallo de los ERE: «Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional». De hecho, el presidente de la Corte ha incidido en que lo que él ha hecho, en todo momento, es presentar una discusión jurídica en el seno del cónclave porque la consulta en cuestión es un «asunto novedoso» en el que «el TC tiene la obligación de reflexionar».

Sobre este extremo, ha precisado que en los 40 años que España lleva dentro de la Unión Europea «siempre» se han presentando las cuestiones prejudiciales al TJUE como «asuntos primarios»; es decir, «antes de dictar sentencia» para que el tribunal Luxemburgo establezca la interpretación correcta del Derecho de la Unión pero «nunca» antes se había planteado consultar al TJUE después de una sentencia firme y de que incluso se pronunciara el Constitucional. Algo que, sin embargo, sí cuenta con precedentes en otros países con órganos análogos a nuestro TC.

Con todo, Conde-Pumpido ha asegurado que el hecho de que el debate en el TC se haya planteado como una reflexión interna «sin propuesta de resolución» no implica que, en base a la Ley Orgánica del órgano, no deba «velar por la ejecución de sus resoluciones», en todo momento.

La Ley de Amnsitía, antes del verano

Preguntado sobre cuándo se pronunciará el TC sobre la Ley de Amnistía, el magistrado ha recordado la corte de garantías no tiene solo un caso que resolver, sino 30: el recurso presentado por los diputados del Partido Popular (PP), 15 recursos de comunidades autónomas, seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid y los ocho recursos de amparo planteados por los políticos independentistas a los que se les ha negado la aplicación inmediata de la norma, relativa al delito de malversación.

Según ha manifestado Conde-Pumpido, se ha elegido un procedimiento de cabecera, el recurso del PP, para resolver la constitucionalidad o no de la norma. La ponencia de dicha sentencia ha recaído en la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, una vez que José María Macías era recusado para todos los asuntos relativos a esta materia.

«No es un solo problema, son muchos. El recurso del primer partido de la oposición, es un buen recurso, bien argumentado. Tenemos que responder bien», ha adelantado el presidente del TC quien, además, ha señalado que la intención es que se pueda contestar a todas las impugnaciones en el plazo máximo de un año, desde la entrada en vigor de la ley. Es decir, antes de este próximo verano. «Pero tampoco puedo precisar más», se ha disculpado.