La luz verde del TC a la amnistía no garantizará la aplicación de la ley a Puigdemont

En junio de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba la Televisión Española (TVE) tras la polémica publicación de la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hablaba sobre su aplicación: «Yo lo que querría también trasladar a la ciudadanía es lo siguiente: tranquilidad». «Vivimos en un sistema democrático. Si los jueces, o los fiscales en este caso, tienen una discrepancia en lo que es la aplicación y la amplitud (...) pues al final todo se dirimirá en una instancia superior, en este caso en el Tribunal Constitucional» , sentenciaba Sánchez.

"Lo que tiene que saber el Poder Judicial, y también los fiscales, es que la voluntad del legislador, es decir, de la soberanía nacional del Congreso de los Diputados, en su mayoría, fue la de superar todos aquellos hechos vinculados con el procés que tanta división y tanta confrontación trajeron a Cataluña y a España», añadía el líder de los socialistas.

Toda una declaración de intenciones sobre cómo el futuro de la norma descansaría en la actuación de una Corte de Garantías renovada a la medida de los separatistas catalanes, presidida por Cándido Conde-Pumpido y apoyado en una mayoría de magistrados de sensibilidad izquierdista que, según los plazos reconocidos por el propio jurista, resolverán el primero de los recursos presentados contra la norma, por el Partido Popular, «antes de este verano».

Sin embargo y más allá de los cálculos políticos de Sánchez, de las promesas del PSOE a sus socios de Junts y de las visitas de los emisarios de Moncloa a Waterloo para calmar los ánimos de Carles Puigdemont, la realidad es que el futuro de la aplicación de la Ley de Amnistía a su caso concreto se presenta cada vez más negro.

Y ello, por dos razones fundamentales: la primera, el precedente de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre las cuestiones prejudiciales que los tribunales de instancia pueden presentar contra la decisión que tome el TC en relación con el texto de borrado penal del procés. Un escenario que transfiere la decisión, en firme, sobre la norma y su recorrido práctico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, mientras tanto, deja en suspenso cualquier beneficio que pudiera derivarse de la misma. La segunda, porque incluso aún cuando el Constitucional declare la legalidad de la amnistía y su encaje en nuestro ordenamiento, no puede ni revisar, ni recalificar la imputación del Supremo a Puigdemont.

Es decir, el Alto Tribunal, a través del instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena mantiene abierta una causa penal contra el líder de Junts, cabecilla del referéndum inconstitucional del 1-O, por dos delitos de desobediencia y malversación agravada que, de acuerdo con la opinión mayoritaria de los juristas, «no le es aplicable, en ningún caso». Lo que significa que si Puigdemont regresase a España y fuese procesado por el juez Llarena, podría ser condenado y tendría que cumplir la pena impuesta.

No en vano, el TC no tiene competencias para interferir en la calificación jurídica de los hechos cometidos por Puigdemont que ya ha formulado el magistrado Llarena. O, lo que es lo mismo, no puede corregir la imputación por malversación agravada que pesa sobre él, todavía fugado de la Justicia española, porque es una interpretación que sólo corresponde al Supremo y que, como tal, estaría blindada. Tampoco cabe la posibilidad de que la Corte de Conde-Pumpido declare inconstitucional esta decisión.

Así las cosas, al Constitucional sólo le queda una opción y es concluir que la malversación agravada sí queda incluida dentro de las conductas previstas en la Ley de Amnistía y que, por consiguiente, el Alto Tribunal debería haberla aplicado de manera inmediata al ex presidente de la Generalitat.

Un «disparate jurídico» difícil de encajar, «incluso» para Conde-Pumpido que se ha asegurado, entre otras cuestiones, de que la mayoría que dé luz verde al texto, en los próximos meses no dependa únicamente de su voto de calidad; y que, pese a su histórica lealtad al socialismo «no quiere pasar a la historia» como el magistrado que permitió la vuelta «gratis total» de Puigdemont.