Las claves del caso Fitonovo: la Gürtel del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla

Un exconcejal y un ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla socialistas han confesado que recibieron mordidas de una empresa llamada Fitonovo con las que el PSOE llegó a financiarse. Así se han librado de entrar en la cárcel, junto con ocho acusados más en la pieza principal de la operación Madeja –que hace referencia al lema del Consistorio hispalense, 'No-Madeja-Do'–, y dejado al descubierto las prácticas corruptas del Gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín.

El PSOE, que tanto ha hablado de la financiación ilegal del PP, a pesar de los múltiples casos de corrupción en los que dirigentes socialistas están involucrados, ya tiene su Gürtel particular, o lo tendrá, cuando salga la sentencia que recoja los testimonios de Manuel Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño. El primero de los dos ha reconocido que, junto con el segundo, entregó 30.000 euros al partido procedentes de Fitonovo, que repartía sobornos a cambio de contratos municipales.

Los hechos se produjeron en mayo de 2007. Los pagos, no obstante, se sucedieron entre 2006 y 2009, y figuraban en la caja B de Fitonovo como 'Langostinos Maera', el nombre de un restaurante donde Gómez Lobo –exconcejal del PSOE– y uno de los dueños de la empresa se reunían una vez al mes. En dicha caja B consta que, en total, la sociedad le dio al acusado 123.000 euros.

Por su parte, Castaño ha admitido que pidió a Fitonovo 60.000 euros para financiar al PSOE. Como contrapartida, el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó a la empresa el contrato de mantenimiento de Vía Pública y los riegos del Parque de María Luisa en 2005. El que fuera asesor de Monteseirín también ha confesado que la sociedad le regaló varios teléfonos móviles y un coche y le pagó la obra en un chalé de Las Pajanosas, en Guillena (Sevilla).

Izquierda Unida, también implicado

En dos legislaturas, entre 2003 y 2011, Izquierda Unida estuvo presente en el Gobierno municipal de Sevilla. Según la Fiscalía, Fitonovo abonó 155.000 euros a IU por la adjudicación de 11 expedientes para la instalación de césped artificial en otros tantos campos de fútbol municipales. La empresa hizo dos pagos de 70.000 y 85.000 euros, el primero de ellos en una caja de zapatos, a los exconcejales José Manuel García, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, como este último ha reconocido.

García, otrora delegado de Juventud y Deportes, y Torrijos, ex primer teniente de alcalde de la ciudad, son dos de los tres acusados que no han pactado con el Ministerio Público una rebaja penal (el otro es Joaquín Peña, exedil del PP), insisten en su inocencia y se enfrentan a cuatro años de prisión por cohecho. La defensa de Izquierda Unida ha negado que la formación recibiera dinero alguno y ha alegado que, en todo caso, su supuesta participación habría prescrito, a lo que se agarra también Torrijos para evitar la cárcel.

Según la Fiscalía, tanto el PSOE como IU se beneficiaron de los sobornos. Por tanto, ambos partidos se encuentran en el proceso como partícipes a título lucrativo, misma condición que tuvo el PP en el caso Gürtel, donde fue condenado.

Mercasevilla, el origen de todo

La operación Madeja tiene su origen, como los ERE, en el caso Mercasevilla. Cuando la juez Mercedes Alaya comienza a tirar de la 'madeja' de la grabación del intento de soborno a dos empresarios de la hostelería locales, encuentra la pista de Domingo Enrique Castaño, Quique, a quien los sobornadores, los directivos de la lonja sevillana, mencionan en varias ocasiones.

Alaya ordena investigar el patrimonio de Castaño con el objetivo de descubrir si éste tenía algo que ver con un posible amaño del concurso para vender los suelos de Mercasevilla a una promotora que había hecho donaciones a la lonja. Entonces, se descubre un incremento patrimonial no justificado del asesor de Monteseirín –que la Guardia Civil cifra en más de 400.000 euros– y el escándalo de Fitonovo.

Pese a todo, Castaño no ingresará en prisión. La Fiscalía ha apreciado las atenuantes de confesión tardía y dilaciones indebidas en su conducta y la de otros nueve acusados, imputados todos por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sobre las dilaciones indebidas, el Ministerio Público señala que han pasado nueve años y tres meses desde la apertura de las diligencias previas hasta el inicio de la vista oral –que tenía lugar este lunes en la Audiencia Nacional–, cuando el plazo máximo es de cinco años.