Caso Astapa: la corrupción socialista en Estepona se juzgará 16 años después

El caso Astapa, la supuesta trama de corrupción político-urbanística del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, se juzgará el próximo mes de enero en la Audiencia Provincial de Málaga, 16 años después de que se abriera el procedimiento. El exalcalde socialista Antonio Barrientos es uno de los 50 investigados en la causa.

Astapa se empezó a investigar a raíz del escrito que presentaron los entonces concejales del Ayuntamiento de Estepona por el PSOE Cristina Rodríguez y David Valadez ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el 16 de noviembre de 2006. Los exediles denunciaban la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción en el Consistorio esteponero. La instrucción no acabó hasta 2017.

El juicio comenzará el próximo lunes 9 de enero con las cuestiones previas y se han fijado seis días de vista, para que las partes pueda alegar y presentar sus argumentos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga. Una vez pasado ese tiempo, el tribunal habrá de resolver de inmediato sobre las diligencias de prueba que puedan proponerse. Entonces, el juicio se reanudará el 7 de marzo los lunes, martes y miércoles a partir de las diez de la mañana.

La vista oral se dividirá en diez bloques, como en el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella; una fórmula que ayudó a agilizar este macroproceso. En el primer bloque se enjuiciarán los convenios urbanísticos de planeamiento. No será hasta el octavo apartado cuando se aborde la supuesta financiación de partidos políticos.

Una caja B con empresarios

En su escrito de acusación, presentado el 27 de junio de 2018, el fiscal solicita diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos por delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En el banquillo se sentarán 50 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales, y se pide el sobreseimiento de la causa para 39 de ellos.

Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido u obtenido beneficio fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el Gobierno de coalición del PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El Ministerio Público señala que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios a través de donaciones directas al Consistorio, patrocinios de actividades deportivas y culturales y la asunción de determinadas deudas de las sociedades como gastos propios. Los empresarios requeridos en la causa solían aceptar chantajes para no perder oportunidades de negocio.

Un caso de gran dimensión

La dimensión del caso motivó a la Audiencia de Málaga para solicitar un refuerzo de personal para la celebración de la vista oral. El tribunal pedía, en una providencia del pasado mes de octubre, «el nombramiento de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar estimados necesarios para la tramitación del procedimiento», así como la designación de «dos magistrados para actuar en la Sección Tercera».

Según el documento, el procedimiento consta de «128 tomos principales que contienen la instrucción de la causa» con más de 71.000 folios y «646 tomos constituidos por piezas documentales» con 260.472 páginas, además de «diversas piezas separadas de situación personal, de responsabilidades pecuniarias y civiles», así como de «medidas cautelares, de apertura de correspondencia y de documentación bancaria». Todo esto hace que el caso tenga 351.114 folios.