La número dos de Griñán ingresa en prisión sin apurar el plazo de la Audiencia

Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE, ya está en la cárcel. La que fuera número dos de José Antonio Griñán en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía no ha apurado el plazo que le había dado la Audiencia de Sevilla para su ingreso voluntario en prisión. Ayer miércoles, entró en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha podido confirmar El Debate.

Se da la circunstancia de que Martínez Aguayo es la única mujer condenada por el fraude de las ayudas a empresas en crisis a la que se le requería para ingresar voluntariamente en un centro penitenciario de su elección en un plazo de diez días naturales, que expira este próximo 1 de enero, en Año Nuevo.

En un auto notificado el pasado jueves, 22 de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó los recursos de súplica presentados por ocho de los condenados a cárcel por el caso ERE, todos ellos ex altos cargos de la Junta de Andalucía socialista, contra la resolución en la que el mismo tribunal denegó suspender las penas privativas de libertad mientras el Gobierno tramita los indultos, requiriendo a siete de ellos para que en el plazo fijado de diez días ingresen voluntariamente en prisión.

Por enfermedad

Así, la Sala desestimó también el recurso presentado por la defensa del que fuera viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Sin embargo, paralizó su entrada en la cárcel hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su abogado en virtud del artículo 80.4 del Código Penal al estar pendiente de informe por el médico forense. En este sentido, la defensa realizó en su recurso alegaciones respecto al fondo de la resolución recurrida y expuso razones humanitarias por la enfermedad que padece.

Del mismo modo, José Antonio Griñán, aquejado de un cáncer, ha apelado al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables», para evitar su ingreso en prisión. La Audiencia de Sevilla decidirá sobre la petición de su defensa en función del informe médico.