Caso ERE
El ingreso en prisión de Griñán, el cuento de nunca acabar de los ERE
Dos exámenes médicos después, y camino del tercero, aún se desconoce si el expresidente andaluz entrará en la cárcel como el resto de los condenados por malversación en el caso ERE
Seis de los ocho condenados por malversación en la llamada pieza política de los ERE están en prisión desde principios de año; desde finales de 2022, en el caso de Carmen Martínez Aguayo. Un séptimo, Agustín Barberá, entró en la cárcel en abril; de modo que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán es el único de los ocho que permanece en libertad.
No les tocó precisamente la lotería el pasado 22 de diciembre. Ese día, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó los recursos de súplica presentados por cada una de sus defensas contra la resolución del propio tribunal que denegó la suspensión de las penas de cárcel mientras el Gobierno tramitara los indultos, y requirió a siete de ellos, incluido Griñán, para que en un plazo de diez días ingresaran voluntariamente en prisión.
Sin embargo, a las pocas horas de que la Audiencia dictara el auto desestimatorio, el expresidente andaluz anunciaba que padece un cáncer de próstata. Se lo diagnosticaron, según su abogado, José María Calero, ocho días antes. Desde entonces, y por si Griñán no había intentado ya evitar su entrada en la cárcel «por razones humanitarias», ha alegado su enfermedad para no cumplir su pena de prisión.
El caso de Griñán, condenado a seis años de cárcel, es el cuento de nunca acabar de los ERE. Cuando supo de su enfermedad, una vez que la defensa presentara un escrito solicitando la suspensión de prisión conforme al artículo 80.4 del Código Penal, la Audiencia acordó librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla a fin de que valorara la idoneidad de que Griñán, aquejado de cáncer, entrara en la cárcel.
El citado artículo dispone que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo».
Agustín Barberá, también enfermo de cáncer, esgrimió el mismo artículo para eludir la cárcel, y en un principio la Audiencia de Sevilla suspendió su ingreso en prisión, pendiente del informe del médico forense. No obstante, el tribunal acabó denegando la solicitud de suspensión de la pena de cárcel al considerar que podía recibir en prisión el tratamiento médico del que precisa, y el exviceconsejero de Empleo, condenado a siete años de cárcel, está entre rejas.
Primer examen
José Antonio Griñán se ha sometido, hasta el momento, a dos exámenes médicos del Instituto de Medicina Legal. El primero de ellos, en enero. Tras recibir el informe derivado del mismo, la Audiencia de Sevilla aplazó la decisión sobre el ingreso en prisión de Griñán hasta que finalizara sus sesiones de radioterapia. Entonces se sometería a un nuevo reconocimiento médico.
En concreto, la Audiencia concluyó la «no conveniencia» de la entrada del también expresidente del PSOE hasta que finalizara sus sesiones de radioterapia «dados los inconvenientes y riesgos que pudiera conllevar el tratamiento desde el centro penitenciario, tanto desde el punto de vista de la enfermedad como de la dinámica del mismo centro penitenciario».
Griñán acabó su tratamiento de radioterapia el 29 de marzo. En consecuencia, la Audiencia, que previamente había solicitado a la defensa del exdirigente socialista todos los informes médicos sobre su estado de salud de los que dispusiera, ya con ellos en su haber, daba traslado de dicha documentación al IML, ordenando un nuevo informe sobre si el tratamiento farmacológico y de rehabilitación es compatible con su ingreso en prisión.
Segundo examen
El Instituto de Medicina Legal citó a Griñán para el 18 de mayo, diez días antes de las elecciones municipales y autonómicas. A su llegada a los juzgados del Prado de San Sebastián —donde se encuentra el IML—, el expresidente andaluz manifestó ante los periodistas que «las enfermedades son privadas y hay que respetarlas».
El segundo informe del IML —como el primero, firmado por la médico forense María Ángeles Dichas— no fue del todo concluyente. En este documento, que recibieron los magistrados de la Sección Primera el pasado 24 de mayo, la forense se limitaba básicamente a informar sobre el estado de salud de Griñán y las «dificultades» para su traslado cuando necesariamente recurriera a «servicios hospitalarios externos» al Centro Penitenciario de Sevilla.
También recuperaba en este sentido la premisa de su informe inicial respecto a que «los efectos secundarios del tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones a la que debe ser sometido, parecen poco compatibles con la vida en prisión», y que un enfermo como Griñán necesita «apoyo social y familiar» para afrontar una enfermedad «de esta entidad».
Así las cosas, la Audiencia de Sevilla ha ordenado al Instituto de Medicina Legal precisar en un nuevo informe, el tercero, si resultarían de posible aplicación en el caso de Griñán los artículos del Reglamento Penitenciario relativos al tercer grado por razones humanitarias, teniendo en cuenta el tratamiento farmacológico y de rehabilitación que se le ha prescrito al exdirigente socialista.
Recurso de amparo
José Antonio Griñán recibió ayer lunes la noticia de que el Tribunal Constitucional admitía a trámite su recurso de amparo contra la sentencia de los ERE dictada por el Supremo, pero rechazaba la medida cautelarísima de suspender su ingreso en prisión.
En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Audiencia de Sevilla como tribunal sentenciador. Griñán tiene hoy martes revisión médica. La Audiencia, a petición de la Fiscalía, tendrá en cuenta los resultados de ésta a la hora de decidir sobre la entrada en la cárcel del expresidente de la Junta de Andalucía.
Dos exámenes médicos después, y camino del tercero, aún se desconoce si seguirá los pasos del resto de los condenados por malversación en el caso ERE.