La ardua tarea de recuperar el botín de los ERE: la Junta reclama 433 millones del gran saqueo socialista

Recuperar los 679.412.179 euros del botín de los ERE no está resultando una tarea nada fácil. Cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la primera sentencia, la de la pieza política que condenó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, sólo han vuelto a las arcas de la Junta de Andalucía poco más de 23 millones, el 3,4 % del saqueo que se perpetró en la mayor trama de corrupción de la historia reciente de España.

La Junta sigue tres vías para recuperar el botín, acudiendo a una u otra en función de las irregularidades detectadas en cada caso: la jurisdicción contable, a través del Tribunal de Cuentas; la vía administrativa, basada en las revisiones de oficio de las ayudas a las empresas, y la vía penal, como acusación particular, reclamando el reintegro de las cantidades defraudadas en cada una de las piezas separadas en la Audiencia de Sevilla.

De esta forma, el montante cuyo retorno ya ha reclamado la Administración autonómica en las distintas instancias posibles asciende a 433,6 millones de euros, vinculado únicamente a los procedimientos que se han abierto, según explicó este jueves el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, durante una comparecencia en el Parlamento andaluz para informar sobre las actuaciones dirigidas a recuperar el dinero de los ERE.

A través del Tribunal de Cuentas, se han reclamado 169,8 millones de euros a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y a empresas vinculadas al 'fondo de reptiles', según Sanz, que aseguró que el Gobierno andaluz «ha llevado a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado» y que no ha renunciado «en ningún momento, ni se va a renunciar, a todas las opciones de recuperación necesarias».

Por otro lado, la Junta ha acordado declarar irregular la inclusión de determinadas personas en las pólizas suscritas para bonos de ayudas sociolaborales, así como la incoación de expedientes de reintegro contra las mismas, y proceder a la revisión de oficio de las ayudas a las empresas.

Así, por la vía administrativa, hasta la fecha se han llegado a tramitar más de 244 revisiones de oficio de ayudas a empresas por un montante de 129,1 millones de euros que la Junta está reclamando. Una vía que abrió curiosamente el Gobierno de Griñán en febrero de 2011, después de que el PP denunciara el hallazgo de los primeros intrusos en los ERE de empresas en las que no habían trabajado nunca.

Reclamación provisional

Por la vía penal, la Junta de Andalucía reclama, de momento, apenas 134,8 millones, una cantidad que crecerá, y con ella el total, a medida que vayan abriéndose procedimientos, en los que la Administración autonómica estará personada como acusación particular, es decir, como víctima del saqueo. Hasta la fecha sólo se han calificado 78 de las 187 piezas en las que se dividió la macrocausa, una por cada empresa beneficiaria de los ERE fraudulentos.

No obstante, para que las reclamaciones de dinero se hagan efectivas hay que esperar a que haya sentencia firme, y por ahora sólo se han dictado seis de toda la macrocausa, en cuya pieza política fueron condenados los expresidentes Chaves y Griñán y otros 17 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. Una sentencia de la Audiencia de Sevilla que fue ratificada por el Supremo y que elevó el saqueo hasta los 679.412.179 euros.