Las claves del Acuerdo por Doñana: 1.400 millones de tregua entre Moreno y el Gobierno para calmar a Europa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmaron ayer lunes un Acuerdo por Doñana –así lo bautizaron– que va más allá de los límites del Parque Nacional y su entorno e incluso de las fronteras españolas, ya que sobre España se cierne la amenaza de nuevas sanciones económicas de la Unión Europea por el deterioro del humedal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en junio de 2021 por las extracciones «desmesuradas de agua subterránea» en el Parque Nacional de Doñana, vinculadas principalmente a la agricultura de regadío que se practica en el Condado de Huelva, declarando que nuestro país había incumplido la obligación de aplicar la normativa europea del agua y que «no estaba evitando el deterioro de los hábitats protegidos en varios espacios Natura 2000 de Doñana».

Así, la directora de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, advirtió por carta a las autoridades españolas el pasado 21 de marzo de que si salía adelante la proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana en el Parlamento de Andalucía, se produciría una «flagrante violación» de la sentencia condenatoria, amenazando a España con sanciones millonarias.

En este punto, cabe señalar que la iniciativa que defendían conjuntamente el PP y Vox y que, a consecuencia del pacto entre el Gobierno y la Junta, retira el Grupo Popular del Parlamento andaluz no hubiera otorgado en ningún caso derechos de agua (ello es competencia de las administraciones hidrográficas), sino que hubiera permitido recalificar los regadíos que fueron declarados no aptos en el Plan de la Fresa de 2014.

Por otro lado, siguiendo con las amenazas, la Unesco advirtió a España de que la ley de regadíos podía «poner en peligro» el reconocimiento del Parque Nacional de Doñana como patrimonio de la humanidad, debido a que la iniciativa era contraria a la solicitud del Comité del Patrimonio Mundial para que continúe la implementación urgente del Plan de la Fresa.

La UE, informada del acuerdo

Por todo lo anterior, la ministra Teresa Ribera informó del acuerdo al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, antes incluso de presentarlo. En la rueda de prensa de presentación del pacto, manifestó además que esperaba que fuera recibido como una «buena noticia» por parte de los organismos internacionales que han mostrado su preocupación por la situación de Doñana, como la propia Comisión Europea.

El llamado Acuerdo por Doñana recoge todas las medidas necesarias para que se cierre el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia condenatoria del TJUE, como la reversión de las superficies agrícolas a uso forestal o la puesta en marcha de modelos de producción de agricultura ecológica. Sin embargo, ello no garantiza el cierre inmediato del expediente sancionador.

El Gobierno y la Junta de Andalucía se comprometen a invertir más de 1.400 millones de euros en los 14 de municipios del área de influencia de Doñana en un acuerdo que supone una tregua entre ambas administraciones tras meses de enfrentamiento político y que cuenta también con el visto bueno de los agricultores, que recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años por dejar de cultivar sus tierras y reforestar los suelos.